Ciudad Real no es una ciudad que aparezca seguido en los titulares de energía. Es la capital de la provincia homónima española y está enclavada en una región que durante décadas vivió del carbón, de la petroquímica y de una agricultura de secano que resiste más por tradición que por rentabilidad. Este miércoles, sin embargo, fue el escenario elegido por Antonio Brufau, presidente de Repsol —la mayor empresa energética de España, con operaciones en más de treinta países— para plantear en voz alta que la biomasa y los residuos que la industria descarta son la materia prima de una nueva generación de combustibles renovables bajos en carbono.
El marco fue la presentación de una cátedra impulsada conjuntamente entre Repsol y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) —institución pública con sedes en Ciudad Real, Albacete, Toledo y Cuenca, orientada históricamente a vincularse con la economía productiva de su región—, concebida como un espacio de investigación aplicada y transferencia tecnológica. Pero el contenido que Brufau desarrolló fue mucho más amplio que la presentación de un acuerdo académico: fue una defensa articulada de la valorización de biomasa y residuos como palanca industrial para la transición energética, con proyectos concretos ya en marcha como respaldo.
«Durante demasiado tiempo los residuos se han percibido únicamente como un problema. Hoy sabemos que pueden y deben ser una oportunidad estratégica», afirmó. La valorización —el proceso de transformar materiales descartados en combustibles, energía o materias primas— es el mecanismo que hace posible ese cambio. «Valorizar significa convertir los residuos en recursos, en actividad económica real y, por encima de todo, local», explicó Brufau.
Puertollano: 130 millones de euros y 200.000 toneladas de argumento
El punto más concreto de la intervención de Brufau fue también el que mejor ilustra hacia dónde se mueve Repsol. La compañía está transformando sus complejos industriales en lo que el presidente denominó «polos multienergéticos»: instalaciones capaces de procesar distintas materias primas —fósiles y renovables— y reducir su impacto ambiental de manera progresiva.
El caso más avanzado es la futura planta de combustibles renovables en Puertollano, una localidad a media hora de Ciudad Real que durante gran parte del siglo XX fue sinónimo de minería del carbón y petroquímica, y que desde el cierre de sus minas viene buscando una nueva identidad productiva. El proyecto de Repsol implica una inversión superior a los 130 millones de euros y está diseñado para producir 200.000 toneladas anuales de combustible renovable —principalmente a partir de residuos y biomasa— evitando hasta 700.000 toneladas de CO₂ por año. Para dimensionar esa cifra: equivale a retirar de circulación aproximadamente 300.000 automóviles durante un año completo.
Brufau no presentó el proyecto como una concesión ambiental desconectada de la economía real. Lo ancló explícitamente en el empleo y el tejido productivo local. El Complejo Industrial de Puertollano genera más de 1.400 empleos directos y sostiene una red de proveedores y empresas auxiliares que estructuran buena parte de la actividad económica de la región. «Lo más fácil es descarbonizar eliminando industria, pero no se trata de destruirla, sino de transformarla», subrayó.
Cartagena, Tarragona y la lógica de los polos multienergéticos
Puertollano no es el único frente abierto. Repsol ya opera una planta de biocombustibles en Cartagena, donde aceites vegetales y grasas residuales se transforman en combustibles con menor huella de carbono a través de procesos de hidrogenación catalítica. La planta es uno de los ejemplos más consolidados en España de reconversión de infraestructura petrolera existente para producir combustibles de base biológica compatibles con los motores actuales, sin necesidad de reemplazar flotas ni construir nueva infraestructura de distribución.
En Tarragona, otro de los grandes complejos petroquímicos de Repsol en España, la compañía avanza con una ecoplanta diseñada para procesar residuos sólidos urbanos y convertirlos en materias primas para la industria química: plásticos, solventes y otras fracciones que hoy se entierran o incineran podrían volver al ciclo productivo como insumos de valor. La ecoplanta es uno de los proyectos que mejor ilustra la lógica circular que Brufau describió en Ciudad Real: no hay residuo que sea únicamente basura si existe la tecnología y la escala para procesarlo.
Los residuos dejaron de ser el final de la cadena
Brufau no presentó este camino como sencillo. Identificó con precisión los obstáculos que todavía frenan el despliegue a escala de una industria basada en biomasa y residuos, y el primero de ellos es estructural: garantizar el suministro estable y trazable de materias primas.
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A diferencia del petróleo crudo —que tiene mercados globales consolidados, precios de referencia, logística desarrollada durante más de un siglo y estándares internacionales de calidad—, la biomasa es dispersa, heterogénea y estacional. Los residuos agrícolas no están disponibles todo el año. Los subproductos industriales varían según los ciclos productivos. Los residuos sólidos urbanos tienen composiciones distintas según la ciudad y el sistema de recolección. Construir cadenas de suministro eficientes con esa materia prima requiere inversión, organización territorial y tiempo.
A eso se suma la trazabilidad. Para que un combustible producido a partir de biomasa o residuos pueda acceder a los mercados regulados de combustibles bajos en carbono —y a los incentivos fiscales y certificaciones que esos mercados ofrecen—, es necesario demostrar el origen sostenible de cada fracción de materia prima. Eso exige sistemas de monitoreo, certificación y auditoría que en muchos países europeos todavía están en construcción.
«Sin garantías de origen, sin estándares y sin volumen suficiente, no habrá despliegue industrial sostenible», advirtió Brufau, señalando también la necesidad de un tercer elemento que ninguna empresa puede garantizar por sí sola: un marco regulatorio estable. Las inversiones en infraestructura de biorrefino tienen horizontes de amortización largos. Una planta diseñada para procesar residuos durante veinte años no puede depender de reglas que cambian cada ciclo político.
Autonomía estratégica: producir energía con recursos propios
El argumento de Brufau ganó otra dimensión cuando lo situó en el contexto geopolítico actual. La invasión rusa de Ucrania en 2022 y el colapso del suministro de gas que siguió desnudaron con crudeza la vulnerabilidad de una Europa que había construido su modelo energético sobre la dependencia de recursos importados. La lección fue cara y llegó en forma de facturas de energía disparadas, industrias paralizadas y decisiones de política energética tomadas bajo presión de emergencia.
En ese marco, aprovechar los recursos biológicos disponibles en el propio territorio —residuos agrícolas y forestales, subproductos industriales, fracciones orgánicas de los residuos urbanos, cultivos energéticos— no es solo una estrategia ambiental. Es una forma de reducir exposición a mercados externos volátiles y de construir lo que Brufau llamó «autonomía estratégica». «En un contexto como el actual, marcado por tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos acelerados y una fuerte competencia global, aprovechar nuestros propios recursos es una cuestión de competitividad y de autonomía estratégica», sostuvo.
Una cátedra para pensar desde el territorio
La elección de la Universidad de Castilla-La Mancha como socio de este proyecto académico tiene su propia lógica. La UCLM es una institución con fuerte arraigo en un territorio que necesita diversificar su base productiva y que concentra parte de los recursos —residuos agroindustriales, biomasa agrícola, infraestructura industrial reconvertible— que son centrales en el modelo que Brufau describió. La cátedra busca ser un espacio de investigación aplicada, formación técnica y transferencia de conocimiento orientado precisamente a esos desafíos.
«Necesitamos una industria eficiente, competitiva y descarbonizada basada en la tecnología, el conocimiento y el pragmatismo», dijo Brufau. El pragmatismo es, en ese contexto, la palabra operativa. No la promesa de una transición energética sin fricciones, sino el reconocimiento de que transformar una industria de la escala y complejidad de la petroquímica europea requiere pasos técnicamente sólidos, económicamente viables y anclados en el territorio.
