Ecuador ocupa un lugar excepcional en los mapas de la biodiversidad mundial. Con la cordillera de los Andes, la cuenca amazónica, la franja costera del Pacífico y el archipiélago de Galápagos concentrados en un territorio más pequeño que la provincia de Buenos Aires, el país figura de manera recurrente entre los diecisiete Estados considerados megadiversos, una categoría que agrupa a las naciones que albergan el grueso de las especies del planeta. Esa riqueza biológica, sin embargo, convive con una paradoja persistente: buena parte del capital natural ecuatoriano sale del país como materia prima, con escaso procesamiento y poca incorporación de conocimiento. La biodiversidad está, pero el valor agregado se genera en otro lado.
Ese desajuste es el que un proyecto legislativo intenta empezar a corregir. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional —el órgano parlamentario ecuatoriano encargado de tratar los temas ambientales y de recursos naturales antes de que lleguen al pleno— recibió aportes del sector académico en el marco del debate del Proyecto de Ley Orgánica de Bioeconomía, una iniciativa que busca dotar al país de un marco normativo específico para transformar su patrimonio biológico en actividad productiva.
Quien llevó la voz de la academia fue Galo Cabanilla, autoridad de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), una institución privada de educación superior con sede en la principal ciudad portuaria del país. Su intervención introdujo un desplazamiento conceptual que ordena buena parte del debate, al sostener que la bioeconomía debe concebirse como una estrategia de crecimiento económico y de soberanía científica, y no únicamente como una política vinculada a la protección ambiental. La distinción está lejos de ser retórica, porque define si la biodiversidad se administra como un activo a preservar o como la base sobre la cual construir capacidad industrial y tecnológica propia.
Ingenieras del subsuelo: el impacto invisible de las hormigas en el balance de carbono
Biodiversidad con valor agregado
El punto de partida del planteo es una ventaja estructural desaprovechada. Cabanilla señaló que Ecuador dispone de una dotación de recursos naturales que pocos países pueden igualar, pero que todavía genera poco valor agregado a partir de ellos. La bioeconomía, en su lectura, es precisamente el mecanismo que permite convertir ese capital natural en oportunidades productivas, mediante la aplicación de ciencia, tecnología e innovación en sectores tan diversos como la agricultura, los alimentos, la salud, la industria, el turismo y el comercio exterior.
Entre las alternativas identificadas figuran el desarrollo de insumos agrícolas biológicos: biofertilizantes y biopesticidas, biomateriales, alimentos funcionales y una gama amplia de productos derivados de la biodiversidad. Se trata de bienes que incorporan conocimiento y procesamiento, y que por lo tanto capturan una porción del valor que hoy se pierde cuando el recurso se exporta sin transformar.
Reducir las barreras para innovar
Cabanilla alertó sobre una brecha operativa que, en la práctica, frena el desarrollo de proyectos de bioeconomía en el país. Entre los obstáculos principales mencionó la dispersión de trámites, las dificultades para validar prototipos y la escasa conexión entre las etapas de investigación, producción y comercialización. Son fricciones que operan aguas abajo del laboratorio: una idea puede tener respaldo científico y aun así quedar bloqueada antes de llegar al mercado.
Frente a ese cuadro, destacó varios instrumentos contemplados en el proyecto de ley. El primero es la creación de una ventanilla única de bioeconomía, orientada a concentrar en un solo canal los trámites hoy repartidos entre distintas dependencias. A ello se suman mecanismos para garantizar un acceso regulado y trazable a los recursos genéticos —un aspecto sensible, dado que el uso de material biológico nativo suele estar sujeto a normas de acceso y distribución de beneficios— y una certificación de cumplimiento bioeconómico que acredite que un proyecto se ajusta a los estándares previstos.
El proyecto también plantea fortalecer los mecanismos de transferencia tecnológica y establecer entornos controlados de prueba regulatoria. Estos últimos, conocidos internacionalmente como sandboxes regulatorios, son espacios acotados donde una nueva tecnología o producto puede ensayarse bajo supervisión estatal antes de su autorización plena, lo que permite validar innovaciones sin exponerlas de entrada a la totalidad del marco normativo vigente.
La fibra más cara del mundo crece en la Puna: Salta da el paso para convertirla en desarrollo
Universidades, actores clave
Las universidades ocupan un lugar central en el planteo académico. Cabanilla resaltó su doble función, que reúne la capacidad de generar investigación con la de formar talento especializado y transferir ese conocimiento hacia el sector productivo. Sobre esa base sostuvo que una mayor articulación entre Estado, academia y empresas es la condición para que Ecuador aproveche su riqueza natural y la convierta en productos y servicios de mayor valor agregado.
El debate legislativo, según los planteamientos expuestos ante la comisión, apunta a establecer un marco que permita aprovechar la biodiversidad de manera sostenible y, en paralelo, impulsar la innovación y abrir nuevas oportunidades económicas. El desafío de fondo quedó formulado con claridad en la sesión: que el país pueda pasar de ser reconocido únicamente como megadiverso a consolidar una economía sostenible basada en conocimiento y valor agregado.
Ecuador se suma así a una discusión que atraviesa a buena parte de América Latina, donde varios países vienen ensayando marcos normativos para ordenar el aprovechamiento de sus recursos biológicos. La particularidad ecuatoriana está en la magnitud de su dotación natural y en la distancia que todavía existe entre esa riqueza y su capacidad de convertirla en industria. El tratamiento del proyecto en comisión define el primer tramo de ese recorrido.
