En Estrasburgo, el reloj corre de una manera distinta esta semana. Las negociaciones atraviesan bloques políticos y, detrás de una sigla técnica que difícilmente movilice a la opinión pública, se juega el acceso a mercado de una cadena que mueve cientos de millones de dólares entre Sudamérica y Europa. La sigla es ILUC. La materia prima es el aceite de soja. Y para la Argentina, el asunto tiene una traducción mucho más concreta: biodiésel.
Entre el 6 y el 9 de julio, el pleno del Parlamento Europeo debe decidir si objeta el acto delegado 2026/2680, la norma que reclasifica al aceite de soja como materia prima de alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC) y lo saca de los objetivos de energía renovable del bloque a partir de 2030. Es la última sesión dentro del período de escrutinio. Si los eurodiputados no reúnen la mayoría absoluta necesaria para tumbarla, la norma entra en vigor sola.
La norma no prohíbe “la soja” ni bloquea en general el ingreso del complejo sojero a Europa. Tampoco alcanza de la misma manera al poroto, la harina proteica o el aceite destinado a consumo alimentario. El problema está concentrado en el uso energético del aceite de soja.
La Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea limita cuánto pueden computar los Estados miembros, dentro de sus objetivos renovables, los combustibles elaborados con materias primas clasificadas como de alto riesgo ILUC. Esa contribución debe reducirse gradualmente hasta llegar a cero en 2030. En su revisión técnica publicada en enero, la Comisión concluyó que la soja cumple los dos criterios acumulativos de su metodología y que, por lo tanto, debe ingresar en esa categoría.
No significa que el biodiésel de soja quede jurídicamente prohibido. Significa algo que, en términos comerciales, puede resultar casi igual de determinante: deja de aportar a los objetivos regulatorios que sostienen buena parte de la demanda europea de combustibles renovables.
Y si una petrolera ya no obtiene valor regulatorio por mezclar ese biodiésel, el incentivo para comprarlo se desploma.
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El biodiésel de soja y una dependencia argentina casi total
La dependencia argentina es casi total. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, entre 2018 y 2025 el 97% de las exportaciones de biodiésel argentino tuvo como destino la Unión Europea. En 2025 la cifra trepó al 100%: cada litro de biodiésel que salió del país fue a parar al bloque. Ese año Argentina le vendió a Europa unas 280.000 toneladas de biodiésel por alrededor de 350 millones de dólares, más otras 45.000 toneladas de aceite de soja para uso industrial por unos 50 millones adicionales.
Brasil enfrenta el mismo problema regulatorio por otra vía. El acto europeo clasifica la materia prima, no el pasaporte del producto. Un litro de combustible elaborado con aceite de soja queda alcanzado por la lógica de la norma independientemente de que ese aceite provenga de Mato Grosso, Santa Fe, Iowa o una región productiva europea.
La diferencia es que Brasil cuenta con un mercado interno de biodiésel considerablemente más profundo, sostenido por su política nacional de mezclas obligatorias crecientes, lo que le proporciona una capacidad de absorción doméstica que Argentina no tiene.
La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales, ABIOVE, que representa a empresas de procesamiento y comercialización del complejo oleaginoso brasileño, cuestionó la metodología utilizada por la Comisión para clasificar al aceite de soja como materia prima de alto riesgo de ILUC. Entre otros puntos, puso el foco sobre el llamado “factor de productividad”, una variable central para determinar cuánto de la expansión agrícola se atribuye a tierras con altas reservas de carbono.
Desde la Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, CIARA-CEC, que agrupan a buena parte de las principales empresas procesadoras y exportadoras del país, fueron todavía más directos. Su presidente, Gustavo Idígoras, definió al concepto de ILUC como “un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiésel”.
El argumento argentino se apoya en una objeción territorial concreta: aplicar una clasificación global al cultivo puede ignorar trayectorias productivas nacionales muy diferentes. En Argentina, la superficie sembrada con soja retrocedió respecto de sus máximos históricos y el sector sostiene que no existe una expansión reciente del cultivo capaz de justificar una penalización uniforme por deforestación indirecta. En esa línea, documentación incorporada a las gestiones diplomáticas argentinas presentó evidencia territorial de Santa Fe para el período 2008-2024.
La disputa podría incluso salir del terreno regulatorio europeo. Entre las alternativas evaluadas por la Argentina aparece una eventual controversia ante la Organización Mundial del Comercio, el organismo multilateral encargado de administrar las reglas globales del intercambio y resolver disputas entre sus miembros. Sin embargo, antes de llegar a esa instancia los delegados argentinos apuestan a la vía diplomática. Para el 16 de julio, pocos días después del voto de Estrasburgo, está prevista una reunión bilateral con funcionarios e importadores europeos.
Hasta ahí, la historia podría parecer conocida: exportadores sudamericanos cuestionan una barrera ambiental europea que amenaza sus ventas.
Pero esta vez ocurrió algo bastante más incómodo para Bruselas.
El giro inesperado: la industria europea también quiere frenar la norma ILUC
Quienes comenzaron a empujar institucionalmente contra el acto delegado no fueron solamente los países exportadores del Mercosur. Una parte importante de la propia cadena agroindustrial europea llegó a la misma conclusión.
Y salió a pelear.
El expediente está bajo responsabilidad de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, conocida como ITRE, el comité parlamentario especializado en política industrial y energética. Allí se articuló una moción de objeción respaldada por eurodiputados de distintos espacios políticos. El registro oficial del Parlamento identifica entre sus impulsores a representantes del Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos y Renew Europe.
Detrás apareció una coalición poco habitual por su amplitud.
El European Biodiesel Board, que representa a la industria europea del biodiésel; FEDIOL, la organización de las industrias de aceites vegetales y harinas proteicas; COPA-COGECA, la gran representación continental de agricultores y cooperativas; FEFAC, la federación europea de fabricantes de alimentos balanceados; COCERAL, vinculada al comercio de granos, oleaginosas e insumos agrícolas; Euroseeds, representante del sector semillero; y Donau Soja, una organización dedicada al desarrollo de cadenas proteicas europeas, pidieron al Parlamento que objete la regulación.
En una declaración conjunta publicada antes del trámite parlamentario, las organizaciones reclamaron expresamente rechazar el acto y cuestionaron tanto la metodología como los datos utilizados para clasificar al aceite de soja. La pregunta es inevitable: ¿por qué la industria europea defendería una materia prima que también sostiene a competidores argentinos, brasileños y estadounidenses? La respuesta está dentro del poroto.
Por qué el crushing europeo necesita vender aceite
Cuando una planta procesa soja no fabrica un único producto. Separa dos grandes corrientes que forman parte de una misma ecuación industrial: harina rica en proteínas y aceite.
La harina es el gran componente físico y económico de la molienda. Tiene como destino principal la alimentación animal y resulta estratégica para las cadenas europeas de carne, leche y huevos. Pero el aceite no es un residuo descartable. Su comercialización aporta ingresos imprescindibles para sostener la competitividad del proceso de molienda, conocido internacionalmente como crushing.
La propia coalición europea estima que la harina representa alrededor del 80% del cultivo y sostiene que la demanda proteica es el gran motor de la producción de soja. Al mismo tiempo, advierte que la viabilidad económica de las plantas depende de encontrar salida comercial para ambos productos.
Ahí aparece el biodiésel. El mercado energético proporciona una demanda estructural para una parte del aceite producido por las plantas europeas. Si ese aceite pierde valor dentro de los objetivos renovables, el golpe no termina en el tanque de combustible. Puede deteriorar los márgenes del crushing, reducir el incentivo a procesar poroto, debilitar la demanda por soja cultivada dentro de Europa y aumentar, paradójicamente, la dependencia de harinas proteicas importadas.
Por eso la discusión dejó de ser solamente climática y se cruzó con otra obsesión política de Bruselas: la autonomía proteica. Europa importa enormes volúmenes de proteínas para sostener su producción ganadera. Al mismo tiempo, la Comisión busca fortalecer los cultivos proteicos locales y reducir vulnerabilidades externas. Para las organizaciones que cuestionan la nueva clasificación, castigar el aceite que ayuda a sostener económicamente el procesamiento de soja va en dirección contraria a ese objetivo.
Su declaración conjunta es explícita: advierte que perder el acceso al mercado de biocombustibles volvería menos competitivas a numerosas operaciones europeas de crushing, reduciría la demanda por soja producida en el bloque y aumentaría la dependencia de harina importada.
Es en ese punto donde, por una vez, los intereses del Mercosur y de una parte de la industria europea se superponen.
La batalla técnica detrás de las cuatro letras
ILUC significa Indirect Land Use Change, o cambio indirecto del uso del suelo. El concepto intenta capturar un fenómeno que, por definición, no ocurre necesariamente donde se produce el biocombustible.
La hipótesis funciona así: si aumenta la demanda de un cultivo para producir energía, esa presión adicional puede desplazar otros usos agrícolas. A su vez, esos usos desplazados pueden expandirse en otra región y provocar la conversión de bosques, humedales u otras tierras con grandes reservas de carbono. Las emisiones resultantes se atribuyen indirectamente al incremento inicial de la demanda.
No es una medición física directa realizada sobre cada cargamento de aceite. Es una estimación construida con datos, supuestos, relaciones económicas, cartografía y reglas de atribución.
La Comisión Europea defiende su evaluación. Su informe técnico de enero explica que para clasificar una materia prima como de alto riesgo deben cumplirse dos condiciones simultáneas: que la expansión anual promedio de su superficie global supere determinados umbrales y que una proporción relevante de esa expansión ocurra sobre tierras con altas reservas de carbono.
En la actualización utilizada por Bruselas, la soja registró una expansión anual promedio de 2,2%, equivalente a unos 2,6 millones de hectáreas, y una participación del 14,1% de expansión sobre bosque. Con esos resultados, la Comisión concluyó que la soja cumple ambos criterios.
La crítica de la industria apunta justamente al corazón de ese cálculo. La coalición europea sostiene que existen “serias fallas” metodológicas y debilidades en los datos. Afirma que determinadas decisiones atribuyeron erróneamente a la soja expansión sobre bosques y que una parte de la información subyacente no fue publicada, lo que impediría reproducir completamente los cálculos de manera independiente.
Ese cuestionamiento se parece notablemente al planteo que llega desde Sudamérica. CIARA-CEC en la Argentina y ABIOVE en Brasil discuten, con matices propios, la posibilidad de convertir una modelización global en una penalización uniforme para realidades productivas muy diferentes.
La discusión, entonces, ya no enfrenta limpiamente a “Europa ambientalista” contra “Sudamérica exportadora”. Dentro de la propia Unión Europea, agricultores, procesadores de oleaginosas, fabricantes de alimentos para animales y productores de biodiésel cuestionan la robustez de la herramienta.
Aliados para el voto, competidores para el día después
Sería un error leer esta convergencia como una sociedad de largo plazo entre la soja europea y la sudamericana. Es una coincidencia táctica, y tiene fecha de caducidad.
En el voto de esta semana los intereses están genuinamente alineados, porque la norma —tal como está redactada— no discrimina por origen y los perjudica a todos por igual. Si el pleno objeta, la clasificación de alto ILUC desaparece para el aceite de soja de cualquier procedencia y el biodiésel del Mercosur respira. Pero es un beneficio de rebote, no un gesto de solidaridad: los europeos no están defendiendo la soja argentina, están defendiendo la suya.
La grieta asoma en lo que vendría después. Algunos actores europeos, como Donau Soja, no piden solo derogar la norma, sino que la soja se evalúe «de forma regional y por origen», reconociendo trazabilidad y producción libre de deforestación. Ese enfoque, si la Comisión rehiciera el acto en esa dirección, es potencialmente excluyente: podría consolidar una soja europea «de bajo ILUC» frente a una sudamericana «de alto ILUC», exactamente el desenlace que Argentina teme y contra el que pelea por separado. Por ahora, EBB y FEDIOL no han hecho de ese criterio su bandera —su pedido central es el retiro y la revisión de la norma—, pero la memoria del sector invita a la cautela: fueron esas mismas asociaciones las que en 2018 reclamaron imponer derechos compensatorios contra el biodiésel argentino que consideraban desleal.
Qué puede pasar ahora con el biodiésel de soja
La atención está puesta en el pleno de Estrasburgo. El Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo fijó para el 8 de julio de 2026 la votación del expediente y, al comenzar la semana, mantenía el procedimiento formalmente “a la espera del voto del Parlamento”.
Y allí, todo se reduce a un umbral: la mayoría absoluta. Objetar un acto delegado no se logra con la mayoría de los presentes, sino con la mitad más uno de la totalidad de los eurodiputados, una vara alta que en el pasado reciente dejó caer objeciones parecidas. El respaldo del comité ITRE es una señal favorable, pero su dictamen es apenas una opinión: la decisión final es del pleno.
Si la objeción prospera, la Comisión deberá retirar o rehacer la norma, y ahí empezará la disputa verdadera —la que puede volver a enfrentar a europeos y sudamericanos según cómo se redefina la metodología. Si fracasa, el reloj hacia 2030 arranca su cuenta regresiva sobre el biodiésel de soja, con la OMC como última trinchera. En cualquier caso, esta semana deja una certeza: ILUC se convirtió en el terreno donde se decide el acceso a mercado de un negocio de cientos de millones de dólares. Y esta vez, la batalla también se libra desde adentro de Europa.
