La diputada bonaerense Lucía Klug presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que propone gravar las emisiones de metano de la ganadería y destinar parte de lo recaudado a un fondo para mejorar la gestión de los residuos urbanos. Más allá de la polémica obvia —las vacas otra vez en el banquillo de los acusados— esta iniciativa expone una realidad mucho más importante: el carbono llegó, finalmente, a la agenda política, pero todavía no contamos con los criterios científicos, económicos y regulatorios necesarios para gestionarlo con seriedad.
Porque el cambio climático es, en esencia, un problema de carbono: de cuánto extraemos de los depósitos fósiles, de cuánto devolvemos al aire y de cuánto logramos retener en suelos, biomasa y océanos. No es el problema de un solo sector ni de una sola actividad. Si uno mira el inventario oficial de gases de efecto invernadero de la provincia de Buenos Aires, la jerarquía es clara: la energía es la principal fuente de emisiones, muy por encima del resto; después aparece el agro —incluida la ganadería— y más atrás los residuos urbanos. Sin embargo, el único sector al que esta propuesta le pone una tasa específica es la ganadería bovina. La energía, que encabeza el inventario, queda fuera del radar. La industria también. Los residuos urbanos aparecen como destino de los fondos, pero no como responsables directos. Ese recorte no ordena el carbono: solo define quién paga la cuenta.
A nivel nacional existe, desde hace años, un impuesto al carbono incorporado en el precio de los combustibles fósiles. En términos de diseño, el principio parece correcto: asignar un costo a la liberación de CO₂ fósil, que es el que se acumula en la atmósfera y termina recalentando el planeta. El problema está en la magnitud: el gravamen equivale a alrededor del uno por ciento del valor en surtidor. Es tan bajo que no modifica decisiones de consumo ni acelera la transición energética. Sirve más para afirmar que “tenemos un impuesto verde” que para reducir emisiones reales. Y lo paga el consumidor final.
En la provincia de Buenos Aires, en cambio, se ensaya la lógica inversa: en lugar de avanzar sobre el carbono de la energía —que es donde están las mayores emisiones y las mayores oportunidades de reducción— se propone que el productor ganadero pague por el metano de sus animales y, además, financie parte del pasivo ambiental generado por los residuos orgánicos producidos en las ciudades. En un caso, se grava el consumo con una señal casi imperceptible; en el otro, se grava la producción de alimentos con una tasa directa. Indulgencia para los grandes emisores; severidad para el sector más visible. Esa asimetría no es climática. Es política.
A esto se suma una diferencia física que importa. Las vacas emiten metano, y ese metano contribuye al calentamiento global. Negarlo sería absurdo. Pero lo hacen como parte de un ciclo biológico de corto plazo: consumen pasturas y cultivos que capturan dióxido de carbono de la atmósfera, y ese mismo carbono retorna luego al ambiente para ser reutilizado por las plantas. Es carbono que ya estaba en el aire desde hace pocos meses o años. Cuando quemamos gas, petróleo o carbón, en cambio, liberamos carbono que estuvo millones de años enterrado y que permanecerá en la atmósfera casi un siglo. Ambos flujos importan, pero no tienen el mismo origen ni la misma responsabilidad en el calentamiento. Por eso resulta llamativo que la primera señal fuerte que se proponga a nivel provincial para “ponerle precio al carbono” recaiga sobre el ciclo biológico, mientras el carbono fósil —el que realmente agrava el problema de fondo— siga prácticamente sin un tratamiento específico. Ese orden de prioridades difícilmente pueda justificar la iniciativa como política climática.
Además, la ganadería no solo emite: también puede capturar carbono. Pasturas bien manejadas, sistemas mixtos, rotaciones cuidadas y enfoques regenerativos pueden aumentar de manera significativa el carbono almacenado en los suelos. Cada vez que se establece una pastura o un cultivo forrajero, se está secuestrando CO₂ de la atmósfera. Por eso, la discusión sobre el rol climático de la ganadería debe hacerse sobre la base de un balance neto: emisiones menos capturas, medidas con metodologías robustas. Si solo miramos el metano que sale y no el carbono que entra, vemos la mitad del sistema. Y regular mirando la mitad conduce a conclusiones equivocadas.
Los incentivos también importan. Hoy existen tecnologías concretas para reducir las emisiones de metano por kilo de carne o de leche: mejoras genéticas, dietas más eficientes, aditivos que disminuyen la fermentación entérica, biodigestores que transforman efluentes en energía, manejos de pastoreo que mejoran el suelo. Pero esos cambios no ocurren por decreto. Ocurren cuando premiamos a quien hace las cosas mejor. En un sistema bien diseñado, el que emite paga, y el que secuestra carbono cobra. La tasa propuesta en la Provincia no incorpora esa lógica: castiga sin distinguir desempeño ambiental ni reconocer esfuerzos.
Y existe además un riesgo evidente: el de la fuga de carbono. Una tasa aplicada solo en Buenos Aires encarece la producción dentro de la Provincia sin modificar la demanda de carne ni la existencia de rodeos en el resto del país. Resultado probable: parte de la actividad se traslada a jurisdicciones vecinas. Las emisiones de metano siguen en el inventario nacional… pero Buenos Aires pierde empleo, inversión y desarrollo territorial. Desde el punto de vista climático: saldo neutro. Desde el punto de vista productivo y social: saldo negativo.
Nada de esto implica minimizar el desafío del metano ni sugerir que la ganadería quede afuera de la conversación climática. Todo lo contrario: debe formar parte, como la energía, la industria, el transporte y los propios sistemas urbanos. Lo que esta iniciativa deja en evidencia es que ya no sirven los parches aislados. Necesitamos discutir un sistema de carbono para toda la economía: cómo se mide, quiénes son los principales responsables, qué sectores tienen más capacidad de reducir y quién ya está ayudando a capturar. Un sistema basado en ciencia y en incentivos correctos: el que más contamina, paga más; el que más ayuda a descarbonizar, cobra.
Si algo bueno tiene este proyecto de tasa al metano es que nos obliga a dar este paso. El carbono ya está en la mesa. Ahora hace falta institucionalizar una conversación madura, que reduzca emisiones sin destruir producción ni empleo. Porque el carbono no se improvisa: se mide, se gestiona y se compensa. Y si lo hacemos bien, dejaremos atrás la falsa batalla contra las vacas para empezar, por fin, a construir una política seriade carbono para la Argentina.
