Durante años, Alemania avanzó con la idea de eliminar progresivamente los biocombustibles convencionales del sistema energético del transporte. La propuesta había sido impulsada por el ala ecologista del gobierno —principalmente por Los Verdes, integrantes de la coalición que conduce Olaf Scholz— bajo el argumento de que los cultivos destinados a combustibles, como la colza, el maíz o la remolacha, competían con la producción de alimentos. La visión dominante era que ese tipo de biocombustibles debía ser reemplazado por alternativas más modernas, especialmente aquellas derivadas de residuos. Pero el último miércoles, ese rumbo fue desactivado. El gobierno alemán decidió mantener el uso de biocombustibles convencionales y confirmó su continuidad dentro del consumo energético del transporte.
La medida fue incluida en el proyecto de ley que implementa la nueva Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea, conocida como RED III. El proyecto abandona la intención de retiro, rehabilita a los cultivos energéticos como parte legítima del mix renovable y ofrece previsibilidad a los sectores productivos que venían enfrentando un horizonte de salida.
“No se sacrifica ni el clima ni la seguridad alimentaria. Ahora los agricultores tienen seguridad para planificar”, declaró el ministro de Agricultura, Cem Özdemir, al presentar la ley. La frase no es menor. Para la industria de la colza, que representa la mayor parte del biodiésel producido en Alemania, la decisión implica un cambio tangible tras años de presión política en su contra.
El aceite de palma y el sistema de doble conteo también queda atrás
El nuevo marco normativo también prohíbe los biocombustibles elaborados con aceite de palma y elimina otra herramienta que había definido la política de biocombustibles de la última década: el sistema de doble conteo. Esta metodología permitía contabilizar dos veces los volúmenes de biocombustibles avanzados —producidos a partir de residuos— para el cumplimiento de los objetivos obligatorios de mezcla. El objetivo era acelerar la transición hacia tecnologías más sostenibles. Pero en la práctica, el mecanismo terminó distorsionando el sistema y vaciando de contenido físico las metas climáticas.
Al reducir el volumen real necesario para alcanzar las cuotas, terminaba por incorporar más fósil al tanque. Pero la distorsión más profunda fue económica: el valor de las materias primas certificadas como residuo se disparó por el beneficio normativo, y llegó a igualar o incluso superar al de las materias primas vírgenes. Esa valorización artificial generó un caldo de cultivo para el fraude, al volver muy rentable la falsificación de orígenes, y poniendo en jaque los mecanismos de certificación.
Desde China, comenzaron a ingresar grandes volúmenes de biodiésel que eran certificados como derivados de aceites usados, cuando en realidad se trataba de productos vírgenes. En Alemania, uno de los principales mercados afectados, las consecuencias fueron severas: se erosionó la confianza del mercado y se desplazó a los productores que cumplían con todas las normas. Con la nueva ley, el gobierno pone fin al doble conteo y restablece la equivalencia directa entre lo que se reporta y lo que se usa: solo podrán computarse los volúmenes que existan físicamente.
Un giro alemán en medio del replanteo europeo
La decisión de Berlín no se da en el vacío. Llega justo cuando toda Europa comienza a revisar su estrategia de electrificación. Durante años, el bloque apostó por una transición acelerada hacia vehículos eléctricos, con prohibiciones explícitas para motores térmicos y fuertes incentivos a la movilidad eléctrica. Alemania fue uno de los países que más impulsó ese modelo, incluso proponiendo restricciones internas más exigentes que las del marco europeo.
Pero el contexto cambió. En los últimos meses, las principales automotrices europeas —incluidas Mercedes-Benz, Porsche, Ford y Stellantis— anunciaron que ralentizarán sus planes de electrificación total. Las razones son múltiples: caída en la demanda de autos eléctricos, demoras en el despliegue de infraestructura de carga, incertidumbre tecnológica y presión por parte de las cadenas de valor. Al mismo tiempo, la Comisión Europea abrió la puerta a flexibilizar la prohibición de 2035, permitiendo que los motores de combustión puedan seguir en el mercado si funcionan con combustibles neutros en carbono.
En ese escenario, la decisión de Alemania de mantener los biocombustibles convencionales y eliminar el doble conteo no es una excepción, sino parte de un replanteo más amplio. RED III, la directiva europea que ahora entra en vigor, establece objetivos comunes —como alcanzar un mínimo del 14,5 % de energía renovable en transporte para 2030— pero deja libertad a cada país para definir con qué tecnologías los cumplirá. Alemania, que había elegido un camino más restrictivo, ahora adopta una vía más abierta, con menos rigidez ideológica y más énfasis en la neutralidad tenconlógica.
