Mike Appert camina junto al ingeniero agrónomo entre los surcos de maíz. Es parte de la rutina de cualquier agricultor: recorrer los lotes cada semana, observar el estado del cultivo, detectar posibles daños de plagas, controlar escapes de malezas y asegurarse de que nada se salga de control. En su establecimiento de Dakota del Norte, sin embargo, esa escena cotidiana está conectada con algo que no se ve desde la superficie: dióxido de carbono capturado en la cadena industrial del etanol y almacenado en una formación geológica cercana, bajo condiciones diseñadas para retenerlo de manera segura.
Appert es, junto con varios agricultores vecinos, socio de la planta de etanol a la que entrega su maíz. Esa instalación fue una de las primeras de Estados Unidos en secuestrar el CO₂ generado durante el proceso industrial, aprovechando una condición poco habitual: está asentada sobre una formación geológica apta para el almacenamiento permanente. El dato, que podría parecer apenas una curiosidad técnica, terminó traduciéndose en dinero. Cuando California y otros mercados de la costa oeste comenzaron a demandar combustibles de baja intensidad de carbono, Appert sumó a sus ingresos cerca de 39 dólares por tonelada de maíz. Producía el mismo grano, en el mismo campo, pero ahora asociado a una historia ambiental que el comprador estaba dispuesto a pagar.
Durante años, ese premio fue territorio de pioneros: productores que certificaban sus prácticas, plantas con tecnología de captura, ubicaciones geológicas favorables y contratos puntuales con mercados exigentes. Reducir la huella de carbono pagaba, sí, pero solo a quienes reunían condiciones excepcionales. Para la enorme mayoría de los agricultores, que podían trabajar el suelo con el mismo cuidado pero sin una planta con captura de carbono integrada a su cadena, ese valor quedaba fuera de alcance. Hasta fines de junio.
Cuando el manejo del suelo empieza a tener precio
El 25 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye a las agencias del gobierno a promover acciones para que los agricultores cobren una prima si aplican prácticas que cuidan el suelo. En cumplimiento de esa instrucción, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos —USDA, por sus siglas en inglés— revisó sus guías técnicas y dejó operativo el mecanismo que permite reconocer ese manejo en los cultivos destinados a biocombustibles (ver: Trump pone a la agricultura regenerativa en el centro del negocio agrícola estadounidense).
La herramienta central es la Feedstock Carbon Intensity Calculator, la calculadora de intensidad de carbono del USDA. A través de ese instrumento, un productor puede cuantificar el efecto de determinadas prácticas agronómicas sobre la huella de carbono del cultivo. El resultado no es un certificado abstracto ni una declaración de buenas intenciones: es un dato que puede ingresar a la cadena de biocombustibles y mejorar el valor del grano cuando llega a una planta capaz de utilizarlo dentro del sistema de créditos fiscales.
Mitchell Hora, productor de Iowa y fundador de Continuum Ag, una empresa que asesora a agricultores y plantas en la medición y verificación de datos de carbono del suelo, explica la mecánica con números en la mano. El valor se genera, en primer lugar, como un crédito fiscal para la planta productora de biocombustible. Luego, al cierre del año, esa planta define qué parte del beneficio comparte con los productores de su cadena.
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De la práctica agronómica al ingreso adicional
Según sus cálculos, el ingreso adicional puede rondar los 40 dólares por acre —unos 99 dólares por hectárea— sin necesidad de modificar las prácticas, siempre que el productor ya venga aplicando manejos elegibles y pueda documentarlos correctamente. Y, dependiendo de la planta con la que opere, el diferencial podría acercarse a los 100 dólares por acre, equivalentes a unos 247 dólares por hectárea.
No se trata, por lo tanto, de un pago automático por “ser sustentable”. La prima depende de que las prácticas estén contempladas por la regla, de que los datos puedan ser medidos y verificados, y de que el grano ingrese efectivamente a una cadena de biocombustibles capaz de capturar el valor del crédito fiscal. Pero la diferencia respecto de esquemas anteriores es sustancial: por primera vez, el productor cuenta con una herramienta oficial para transformar decisiones agronómicas en un puntaje de intensidad de carbono que puede ser reconocido comercialmente.
Maíz, soja, sorgo y canola: los cultivos alcanzados
La regla del USDA abarca cuatro cultivos con peso central en la producción estadounidense de combustibles de origen biológico: maíz, soja, sorgo y canola de primavera. Todos tienen relevancia en cadenas como el etanol, el biodiésel, el diésel renovable y el combustible sostenible de aviación, conocido por su sigla en inglés SAF.
El maíz ocupa un lugar central por su destino a etanol. Según estimaciones del USDA, los agricultores estadounidenses producen alrededor de 152,4 millones de toneladas anuales de maíz destinadas a esa industria, y el 68% de los productores ya aplica al menos una práctica regenerativa o de manejo climático reconocible por la nueva guía. En soja, el organismo estima que cerca de 49 millones de toneladas aportan su fracción oleaginosa a la producción de biocombustibles, con alrededor del 70% de los productores utilizando ya alguna de estas prácticas.
La canola y el sorgo completan el universo alcanzado. En todos los casos, la lógica es la misma: medir cómo determinadas decisiones de manejo —como cultivos de cobertura, labranza reducida o siembra directa, manejo más eficiente de nutrientes o uso de fuentes alternativas de nitrógeno— modifican la intensidad de carbono del cultivo y, por lo tanto, el perfil ambiental del combustible final.
La letra chica: balance de masa, no book and claim
Hora subraya un detalle decisivo: el esquema funciona bajo balance de masa, no bajo book and claim. En términos simples, la prima solo alcanza a quienes entregan físicamente su grano a la cadena de biocombustibles, ya sea de manera directa a una planta de etanol o de crushing, o a través de un acopio que luego abastece a un productor de biocombustibles.
La diferencia es sustancial. Un esquema de book and claim habría permitido separar el grano del dato: vender la producción por un lado y el atributo ambiental por otro. El balance de masa, en cambio, exige que el volumen físico y la información que lo acompaña permanezcan dentro de una misma cadena documentada. No implica seguir cada grano desde el lote hasta el tanque, pero sí sostener una correspondencia verificable entre toneladas entregadas, prácticas declaradas, registros de manejo y atributos reconocidos por la planta.
Por eso la regla incorpora estándares de cadena de custodia, registros, auditorías y verificación por terceros. La intensidad de carbono no surge de una declaración voluntaria del productor, sino de un conjunto de datos que deben ser organizados, cargados, respaldados y auditados. Ese puntaje es el que luego puede tener valor frente a la planta local cuando el grano se convierte en combustible de baja huella.
El trabajo adicional, admite Hora, no está necesariamente en cambiar la forma de producir, sino en ordenar la información que hasta ahora muchas veces quedaba dispersa: fechas de siembra, rendimientos, labores, uso de fertilizantes, cultivos de cobertura, manejo de residuos y prácticas de conservación. La agronomía sigue ocurriendo en el lote, pero el valor empieza a construirse también en la capacidad de demostrarla.
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Un mercado que se encamina a los excedentes
La medida llega en un momento clave. Un análisis reciente de S&P Global, una de las principales firmas mundiales de información y calificación de mercados, advierte que la producción de granos crece de la mano de las mejoras genéticas, los rendimientos en alza y la tecnología de precisión a un ritmo mayor que la demanda tradicional. Ese escenario anticipa excedentes y presión sobre los precios en los próximos años.
Cuando la oferta física de maíz o soja crece por encima del consumo destinado a alimentación humana y animal, cada tonelada adicional tiende a enfrentar más competencia y sostener la rentabilidad del lote se vuelve más difícil. En ese horizonte, encontrar nuevas maneras de agregar valor al grano deja de ser una aspiración para convertirse en una necesidad económica.
Los biocombustibles ya cumplen desde hace más de una década un papel decisivo en esa demanda. El etanol de maíz, junto con el biodiésel y el diésel renovable elaborados a partir de aceites vegetales, canaliza grandes volúmenes de biomasa agrícola hacia un uso energético que puede complementar los destinos alimentarios del cultivo. La novedad, sin embargo, ya no pasa solo por cuánto grano absorbe esa industria, sino por cómo empieza a diferenciarlo según el modo en que fue producido.
Ahí es donde el manejo del suelo deja de ser una cuestión estrictamente agronómica para convertirse en un atributo con precio. Un maíz con menor intensidad de carbono no es distinto por su apariencia ni por su composición básica, pero puede ser distinto para una planta que busca reducir la huella del combustible que produce. El valor no está solo en el grano: está también en la información verificable que lo acompaña.
Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos y máxima autoridad del USDA, presentó la norma como un esquema voluntario orientado a crear oportunidades de mercado. Según el organismo, los productores que implementen prácticas regenerativas podrían acceder a precios premium, reducir costos de insumos, mejorar la salud del suelo y fortalecer la rentabilidad de largo plazo de sus operaciones.
Aun así, la implementación todavía tiene tramos por recorrer. La agencia impositiva estadounidense, el IRS, y el Departamento de Energía deben avanzar con sus propias definiciones para terminar de ordenar el uso del crédito fiscal 45Z dentro de la cadena de combustibles limpios. El productor agrícola no cobra directamente ese crédito: el beneficio corresponde a la planta productora de biocombustible, que luego puede trasladar una parte del valor al agricultor mediante una prima por el grano de menor intensidad de carbono.
Con ese marco, los productores empiezan a operar con más claridad que antes. La calculadora está publicada, la regla está vigente y los primeros puntajes pueden cargarse y verificarse para negociar con la planta local. Todavía no es un mercado masivo ni automático, pero sí un instrumento concreto para que prácticas que ya ocurren en muchos lotes comiencen a tener una traducción económica dentro de la cadena de biocombustibles.
