Cada verano, California contiene la respiración. Basta una chispa —un cable caído, un rayo, una fogata mal apagada— para que miles de hectáreas se transformen en un infierno que devora casas, campos y, cada vez con más frecuencia, vidas humanas. Pero el problema rara vez empieza con la chispa. Se gesta mucho antes, en el silencio del bosque, donde se acumulan capas y capas de ramas caídas, hojas secas, arbustos y madera muerta. Ese material, que la naturaleza deposita estación tras estación, es el verdadero polvorín. Y sin embargo, buena parte de la conversación pública sigue girando en torno a cómo apagar el fuego, cuando la pregunta más urgente es otra: cómo evitar que tenga tanto con qué alimentarse.
Es precisamente en ese punto —el de la prevención antes que el de la emergencia— donde se inserta una novedad que llega desde Washington. El congresista Kevin Kiley, representante por el tercer distrito de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, presentó el 16 de julio la Biomass Facility Construction Act, identificada como H.R. 9746 y derivada al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara. Detrás del nombre técnico late una apuesta concreta: convertir ese excedente vegetal que hoy amenaza a los bosques en un recurso aprovechable, y lograrlo mediante un incentivo económico capaz de empujar la construcción de la infraestructura que falta.
Un crédito fiscal para destrabar un cuello de botella
El corazón de la iniciativa es un instrumento tributario. El proyecto establecería un crédito fiscal que cubriría el 30% del costo de construcción de las instalaciones de biomasa y permitiría que esas plantas reciban, al mismo tiempo, el crédito ya existente por la electricidad generada a partir de biomasa. La combinación no es casual: al premiar tanto la obra como la operación, la ley busca actuar sobre dos frentes a la vez y ofrecer previsibilidad a inversores que hoy dudan en volcar capital en este tipo de proyectos.
El proyecto legislativo define a la biomasa como la materia orgánica de origen vegetal — ramas, troncos caídos, matorrales y madera muerta— que puede procesarse para generar energía. En lugar de dejar que ese material se descomponga en el suelo y se acumule como combustible latente, la idea es retirarlo y llevarlo a una planta que lo convierta en electricidad. El propio Kiley lo planteó sin rodeos: «Nuestros bosques están sobrecargados y necesitan desesperadamente una limpieza», y atribuyó el mayor riesgo de incendios a esa acumulación de ramas, hojas, arbustos y madera muerta que, según describió, funciona como combustible adicional para el fuego.
Quemas prescriptas: usar el fuego para evitar incendios catastróficos
El eslabón que falta en la cadena
El razonamiento detrás del proyecto revela un problema práctico que suele pasar inadvertido. Limpiar la maleza de los bosques es una parte central de cualquier estrategia de mitigación de incendios; el obstáculo aparece después. Según explicaron desde el equipo del legislador, los contratistas encargados de esa tarea enfrentan dificultades para deshacerse del material porque no existen suficientes instalaciones de biomasa a las que llevarlo. Dicho de otro modo: hay quien corta y junta, pero falta dónde depositar lo recolectado.
Ese cuello de botella se traslada directamente a los costos. Sin plantas cercanas que reciban el material, el traslado se encarece y toda la operación de limpieza pierde viabilidad. La lógica del proyecto apunta a romper ese círculo desde su raíz: al incentivar la construcción de más plantas de biomasa, se generaría mayor acceso para que los contratistas puedan descargar el material, lo que a su vez reduciría los costos de las tareas de mitigación. Más infraestructura significa, en este esquema, prevención más barata y más factible.
De dónde viene el marco tributario
La propuesta se apoya en la arquitectura de créditos fiscales que Estados Unidos ya tiene para las energías renovables. El proyecto restablece el acceso a un crédito de inversión y a un crédito de producción para ciertas nuevas instalaciones de biomasa, y dispone que determinada propiedad utilizada en una planta calificada cuente como «propiedad energética» a los efectos del crédito federal de inversión, con una tasa fijada en el 30%. En términos prácticos, la iniciativa busca que estas plantas vuelvan a encajar dentro de los beneficios tributarios existentes, con una salvedad importante: los créditos alcanzarían únicamente a instalaciones cuya construcción comience después de que el proyecto se convierta en ley.
Ese detalle no es menor y refuerza la intención de fondo. No se trata de subsidiar lo que ya existe, sino de estimular la aparición de capacidad instalada nueva, capaz de absorber el volumen de material leñoso que produce el trabajo de desmalezado forestal.
Biomasa forestal como pieza de la bioeconomía
El proyecto de Kiley ilustra una manera de interpretar los procesos productivos basados en recursos biológicos: aprovechar aquello que hasta ahora se descartaba, transformándolo en un insumo con valor. Los residuos leñosos del bosque son un ejemplo casi de manual. Ese material, considerado durante mucho tiempo un estorbo o directamente un peligro, puede convertirse en la materia prima de un proceso que genera energía a partir de biomasa. Es el mismo principio que ordena tantos otros desarrollos vinculados a la bioeconomía: dar destino útil a fracciones que antes no lo tenían.
Un camino legislativo que recién empieza
Kiley expuso los argumentos de su proyecto durante una audiencia del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, el organismo legislativo encargado de supervisar las políticas de obras, redes y sistemas de transporte del país. Su exposición volvió una y otra vez sobre el mismo eje: la falta de plantas es hoy el obstáculo que encarece y frena la limpieza de los bosques.
La iniciativa H.R. 9746 está en la primera estación de un recorrido largo. El proyecto fue introducido el 16 de julio de 2026 y quedó girado al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara.
