El camarón, el banano, el cacao, el atún y las flores comparten un lugar destacado entre las exportaciones de Ecuador. Son productos muy diferentes, provenientes de sistemas productivos que van desde la agricultura tropical hasta la acuicultura marina, pero tienen algo en común. Todos dependen de recursos biológicos que, además de sostener importantes actividades económicas, pueden convertirse en la base de nuevas industrias, tecnologías y productos de mayor valor agregado.
Esa relación entre los recursos biológicos y la economía ya tiene una dimensión concreta. Según la Cuenta Temática de Bioeconomía elaborada por el Banco Central del Ecuador (BCE), las actividades económicas vinculadas directa e indirectamente con estos recursos representaron el 20,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, el último año disponible en esa medición. Su valor agregado conjunto superó los 25.600 millones de dólares.
La mayor parte corresponde a actividades que utilizan directamente recursos biológicos, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura y la acuicultura, que representaron el 16,6% del PIB. El resto comprende actividades industriales y servicios vinculados con su transformación y aprovechamiento. La medición permite dimensionar la importancia económica de esta base biológica.
Ecuador dispone, además, de una biodiversidad excepcional. La Amazonía, los Andes, la costa del Pacífico y las islas Galápagos albergan especies y ecosistemas que ofrecen oportunidades para desarrollar nuevos alimentos, ingredientes, materiales y productos biotecnológicos. Incorporar investigación y capacidades industriales a ese patrimonio permitiría ampliar las posibilidades productivas más allá de las cadenas tradicionales de exportación.
Con ese objetivo, el Gobierno ecuatoriano oficializó la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2026-2036, una política pública que busca integrar los recursos biológicos, la ciencia y la innovación en el desarrollo económico del país. El instrumento fue aprobado por el Ministerio de Ambiente y Energía mediante el Acuerdo Ministerial MAE-MAE-2026-0099-AM, publicado el 29 de octubre en el Registro Oficial N.º 400.
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De las exportaciones tradicionales a nuevos productos biobasados
La estrategia identifica cinco caminos para desarrollar la bioeconomía, que abarcan desde el aprovechamiento de la biodiversidad y los servicios que proporcionan los ecosistemas hasta la transformación industrial de la biomasa.
Uno de ellos está orientado a generar valor económico a partir de la conservación del patrimonio natural. Contempla actividades como el ecoturismo, el turismo científico y los mecanismos de pago por servicios ambientales, mediante los cuales quienes contribuyen a conservar determinados ecosistemas pueden recibir una compensación por los beneficios que estos proporcionan.
Otro sendero se concentra en la eco-intensificación sostenible de la agricultura, mediante prácticas que permitan mejorar la productividad y, al mismo tiempo, conservar los recursos naturales. La estrategia promueve la agricultura regenerativa, el desarrollo de bioinsumos y la reducción de la dependencia de determinados agroquímicos, junto con iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria.
La transformación industrial de la biomasa ocupa un lugar destacado. El documento identifica un potencial de entre 10 y 15 millones de toneladas anuales de residuos agroindustriales que podrían aprovecharse para desarrollar bioenergía, biocombustibles, bioplásticos y otros biomateriales.
La mayoría de esos materiales se origina en actividades que Ecuador ya realiza a escala comercial. Los residuos agrícolas y agroindustriales contienen fibras, azúcares, aceites y otros componentes que pueden recuperarse mediante procesos físicos, químicos o biotecnológicos. Su transformación en nuevos productos permitiría diversificar la producción y generar valor a partir de corrientes que actualmente tienen destinos de menor aprovechamiento.
La estrategia contempla el desarrollo de la química verde, un campo que busca obtener sustancias y materiales mediante procesos más eficientes y con menor impacto ambiental. Entre sus aplicaciones se encuentran los productos químicos de origen renovable y los materiales capaces de reemplazar materias primas fósiles en determinados usos industriales.
La bioeconomía en Ecuador también mira hacia la Amazonía y el mar
La Amazonía ecuatoriana constituye otro de los ejes de la estrategia. Bajo la denominación Ecuador Bio-amazónico, el país propone promover la investigación de sus recursos genéticos y bioculturales, incorporando los conocimientos de las comunidades locales y los pueblos indígenas.
Una de las herramientas previstas es la bioprospección, que consiste en estudiar organismos y compuestos naturales para identificar posibles aplicaciones comerciales o tecnológicas. Una planta, un microorganismo o una sustancia producida por una especie nativa pueden contener moléculas de interés para las industrias alimentaria, farmacéutica, cosmética o química.
La estrategia plantea desarrollar estas actividades mediante investigación participativa y mecanismos de comercio justo, procurando que las comunidades involucradas también participen de los beneficios económicos.
El quinto sendero corresponde a la bioeconomía azul, centrada en los recursos marinos, costeros y de los ecosistemas acuáticos continentales. Incluye el desarrollo de la acuicultura responsable y la biotecnología marina, con posibilidades de aprovechar organismos y materiales biológicos para obtener ingredientes, compuestos industriales y otros productos de valor agregado.
Para Ecuador, que ya cuenta con una importante actividad camaronera y pesquera, esta orientación ofrece oportunidades de diversificación a partir de cadenas productivas e infraestructura existentes.
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Ciencia, financiamiento y mercados para agregar valor
La estrategia reconoce que contar con recursos biológicos no garantiza, por sí solo, el desarrollo de nuevos productos y actividades industriales. Entre las dificultades identificadas figuran las limitaciones de financiamiento, el riesgo percibido por los inversores, la escasa articulación entre universidades, organismos públicos y empresas, y las dificultades para incorporar mayor valor agregado a la producción.
Para abordar estas restricciones, el documento establece cinco líneas estratégicas de acción que atraviesan los diferentes sectores productivos.
En materia científica, contempla la elaboración de una Agenda Nacional de Investigación en Bioeconomía, el fortalecimiento de la formación académica y la creación de redes que vinculen a investigadores con empresas y emprendimientos. Se busca orientar las capacidades de investigación hacia el desarrollo de tecnologías, procesos y productos que puedan llegar a los mercados.
La estrategia también propone establecer criterios técnicos para clasificar los bioproductos, fortalecer las cadenas de valor y mejorar las condiciones de comercialización. Las certificaciones y los sistemas de trazabilidad forman parte de esta orientación, particularmente para facilitar el acceso a mercados internacionales donde crecen las exigencias sobre el origen y las características ambientales de los productos.
El financiamiento constituye otra de las prioridades. Ecuador plantea identificar las principales brechas de acceso al capital e incorporar criterios de bioeconomía en una Taxonomía Nacional de Finanzas Sostenibles, un sistema de clasificación que permita distinguir actividades e inversiones según determinados requisitos ambientales.
Entre los instrumentos considerados aparecen los bonos verdes y los fondos de inversión, que podrían canalizar recursos hacia proyectos productivos basados en el uso sostenible de recursos biológicos.
La estrategia también busca incorporar la bioeconomía en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos locales. Esta línea contempla el fortalecimiento de las capacidades productivas regionales y la participación de comunidades y pueblos indígenas, particularmente en territorios donde la biodiversidad constituye una parte central de las oportunidades económicas.
Una estrategia de bioeconomía con diez años por delante
La implementación estará coordinada por el Ministerio de Ambiente y Energía, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y su Dirección de Biodiversidad. El organismo tendrá a su cargo la articulación institucional, la difusión de la estrategia y la elaboración de reportes sobre sus avances.
El acuerdo establece que su aplicación es obligatoria para las dependencias del propio ministerio. Para las demás instituciones del Poder Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades, las empresas y las organizaciones comunitarias, funcionará como un marco de referencia para coordinar iniciativas. Su aprobación no introduce por sí misma nuevas obligaciones económicas o administrativas para el sector privado.
El Viceministerio del Ambiente y Marino Costero deberá coordinar la elaboración de las normas técnicas, los lineamientos y los instrumentos complementarios necesarios para poner en práctica la política.
El primer compromiso formal de implementación tiene un plazo establecido. El Comité de Patrimonio Natural dispondrá de 180 días desde la publicación del acuerdo, realizada el 29 de octubre de 2026, para gestionar el establecimiento de un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación.
Ese sistema deberá permitir observar los avances de una estrategia que tiene entre sus objetivos fortalecer las capacidades científicas, atraer inversiones, desarrollar nuevas cadenas de valor y ampliar las oportunidades económicas vinculadas con los recursos biológicos durante la próxima década.
