Darío Marinozzi lleva décadas representando a productores que siembran, cosechan y comercializan en red. Pero la reunión que encabezó en la Casa Rosada fue distinta: no se trataba de negociar precios ni de reclamar condiciones. Se trataba de presentar un proyecto propio, de largo aliento, que busca convertir la producción agrícola en energía. El presidente de Agricultores Federados Argentinos S.C.L. (AFA) —la cooperativa agropecuaria de primer grado más grande del país, fundada en 1932 y con más de 30 mil productores asociados en diez provincias— fue recibido junto al secretario de la entidad, Claudio Mahfud, por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. También participaron de la mesa el diputado nacional por Mendoza Facundo Correa Llano —presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados— y el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Andrés Leone.
El eje de la conversación fue la construcción de una planta de bioetanol, una inversión estimada en más de 150 millones de dólares que AFA busca concretar como parte de su estrategia de agregar valor en origen. No es un borrador especulativo: la cooperativa tiene estructura, escala y materia prima para sostenerlo. Con una capacidad de acopio propia de 3,2 millones de toneladas —la mayor del país— y una aceitera con capacidad de procesar 500 toneladas de oleaginosas por día, AFA dispone de una base productiva que puede articularse directamente con una destilería de bioetanol. En el ejercicio 2025 facturó más de 2.200 millones de dólares y cuenta con un patrimonio que supera los 830 millones.
Por qué el bioetanol y por qué ahora
El bioetanol es alcohol etílico de origen vegetal —obtenido principalmente por fermentación de azúcares o almidones— que se mezcla con nafta para reducir el contenido fósil del combustible y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En Argentina, la legislación vigente establece un corte mínimo del 12 % de bioetanol en las naftas, lo que genera una demanda sostenida para quienes producen el alcohol a partir de caña de azúcar o maíz.
La apuesta de AFA apunta a este segundo insumo: el maíz, cultivo central en la zona de influencia de la cooperativa, que se extiende por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y otras regiones del centro del país. Transformar parte de esa producción en bioetanol implica agregarle valor dentro del territorio donde se origina, generar empleo industrial en localidades del interior y capturar una porción mayor de la cadena productiva que hoy se cede al mercado de commodities.
Un nuevo marco legal en camino
La reunión en la Casa Rosada no se produjo en el vacío. En forma paralela, el Poder Ejecutivo Nacional envió recientemente al Congreso un proyecto de ley de biocombustibles que busca renovar el marco regulatorio del sector y otorgar previsibilidad a las inversiones. Los diputados Correa Llano y Leone, presentes en la reunión, son parte de los actores legislativos que deberán impulsar ese proyecto en la Cámara baja.
Para entidades como AFA, la claridad regulatoria no es un detalle técnico: es la condición necesaria para que una inversión de 150 millones de dólares tenga sentido económico. Las plantas de bioetanol requieren contratos de largo plazo, cortes obligatorios previsibles y precios de referencia que permitan calcular el retorno sobre el capital. En ese contexto, la coincidencia entre el envío del proyecto de ley y la presentación del proyecto cooperativo no es casual: es la lógica de un sector que necesita reglas estables para decidir dónde poner su capital.
El historial reciente no genera confianza automática. La Ley de Biocombustibles de 2021 redujo a la mitad el corte obligatorio de biodiésel y amplió las facultades discrecionales de la Secretaría de Energía para intervenir en porcentajes y precios. Ese cambio golpeó a más de 50 plantas distribuidas en diez provincias, en su mayoría pymes y cooperativas de capitales nacionales. La nueva iniciativa legislativa llega con la expectativa de corregir esa deriva y ofrecer condiciones que estimulen la inversión privada en el sector.
Una cooperativa que ya procesa, refina y exporta
AFA no es solo una red de acopio. Es una organización que opera a lo largo de toda la cadena: produce semillas, fertilizantes biológicos, bioestimulantes y agroquímicos propios; muele trigo con capacidad para 300 toneladas diarias; refina aceites de soja, girasol y colza; y desde hace 15 años lidera las exportaciones argentinas de arvejas hacia más de 40 países. En 2024 inauguró en Ramallo, provincia de Buenos Aires, una planta de investigación y desarrollo de insumos biológicos.
Esa trayectoria importa porque una planta de bioetanol no se construye sobre el aire: necesita masa crítica de materia prima, capacidad de gestión industrial, logística de escala y know-how organizacional. AFA tiene cada uno de esos elementos. Lo que le falta —y lo que fue a buscar a la Casa Rosada— es la certeza de que el marco regulatorio va a acompañar la decisión de invertir.
«Ha sido una reunión sumamente positiva y constructiva. Sentimos una excelente receptividad por parte de Karina Milei y los funcionarios, quienes escucharon con mucha atención el potencial que tiene nuestro proyecto», dijo Marinozzi al término del encuentro. «Nos transmitieron un fuerte respaldo institucional y nos entusiasma ver que compartimos una misma visión sobre la importancia de potenciar los biocombustibles en el país.»
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El modelo cooperativo en la escena energética
La irrupción de AFA en la agenda bioenergética nacional no es un hecho aislado. En el mapa de los biocombustibles argentinos conviven actores muy distintos: desde grandes empresas con presencia en el mercado de exportación hasta cooperativas y pymes que producen para el mercado interno. Entre los casos más consolidados figura Bio4, una iniciativa de 25 productores de Río Cuarto que además de bioetanol genera biogás e inyecta electricidad a la red nacional. También ACA Bio, la planta de la Asociación de Cooperativas Argentinas, que agrupa a más de 50.000 productores de nueve provincias.
Lo que diferencia a AFA es su escala: con 130 localidades operativas, 1.700 empleados directos y una capacidad de acopio que en 2025 llegó a 6,8 millones de toneladas —más del doble de su capacidad instalada propia, gracias a su red logística—, pocas organizaciones del país tienen la estructura para respaldar una inversión de esta envergadura con capital genuino y materia prima asegurada.
La apuesta de la cooperativa ilustra algo que la discusión sobre política energética argentina suele omitir: el agregado de valor en origen no es solo una consigna. Es un modelo concreto, con actores identificados, tecnología disponible y voluntad de inversión. Lo que determina si ese modelo prospera o se frustra no es la capacidad del sector privado. Es la consistencia del marco que el Estado decida sostener.
