La provincia de Santa Fe concentra el mayor polo de crushing de oleaginosas del planeta, alberga decenas de plantas de biodiésel y genera miles de puestos de trabajo directos vinculados a la cadena de los biocombustibles. Sin embargo, toda esa capacidad productiva opera bajo un marco regulatorio provincial que hasta ahora limitaba los usos contemplados al transporte automotor, la actividad agropecuaria y las flotas públicas. Un proyecto de ley con media sanción del Senado busca cambiar esa ecuación.
La iniciativa fue aprobada en la sesión del 5 de agosto del Senado provincial y ahora aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Su autor es Alcides Calvo, senador por el departamento Castellanos.
El expediente modifica el artículo primero de la Ley 14.010, sancionada en noviembre de 2020 durante el gobierno de Omar Perotti. Aquella norma había creado el Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles, una herramienta impulsada originalmente por el senador Armando Traferri y enriquecida con aportes de la Cámara de Diputados. El programa estableció lineamientos para promover el uso de biodiésel, bioetanol y otros combustibles renovables en estado puro o con los mayores niveles posibles de mezcla, pero centrado en el transporte terrestre, las flotas públicas y la actividad agropecuaria.
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El nuevo proyecto incorpora la extensión de ese programa al transporte aéreo, la navegación fluvial y el ferrocarril. También abre la puerta a la generación eléctrica con biocombustibles.
El proyecto santafesino llega en un momento delicado para el sector. La tensión entre las pymes productoras de biodiésel y el Estado nacional comenzó a escalar con fuerza luego de que distintas empresas denunciaran pérdidas millonarias derivadas de precios oficiales que, según sostienen, fueron fijados por debajo de los parámetros previstos por la propia legislación vigente. Las cámaras empresariales calculan que el perjuicio acumulado supera los 53 millones de dólares y advierten sobre un escenario de suspensiones, parálisis productivas y posibles cierres de plantas. A ese conflicto se suma el rechazo de los productores medianos y pequeños de Santa Fe a un proyecto de nueva ley de biocombustibles que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación que busca desregular el mercado.
Entre las grandes empresas del complejo agroexportador el malestar es por el motivo opuesto: lo que irrita no es el contenido de esa ley, sino que no avance. La reciente firma del decreto que reglamenta el Programa Nacional de Combustible Sostenible de Aviación por parte del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva terminó de catalizar la frustración. «Mientras Brasil construye futuro, nosotros vivimos en el pasado, con una ley vigente de estilo soviética y un proyecto de ley en el Senado que no tiene interés legislativo en ser sancionado», declaró Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, la cámara que agrupa a las grandes cerealeras y aceiteras argentinas.
En ese escenario, la iniciativa de Calvo opera como una señal política concreta desde la provincia que más tiene en juego: Santa Fe no solo produce biocombustibles, sino que toda su estructura agroindustrial depende en buena medida de la demanda que genera el sector. Ampliar los usos habilitados a nivel provincial es, en la práctica, una forma de blindar y expandir esa actividad independientemente de lo que ocurra con la regulación nacional.
«Con esta modificación estamos ampliando las posibilidades de un sector en crecimiento», sostuvo Calvo, y agregó que el gobierno provincial trabaja en el incremento de los cortes de biocombustibles. «Mientras que en el sur del país la riqueza se encuentra en la extracción, aquí nosotros la tenemos en la generación y la producción», subrayó el legislador, en una referencia implícita al contraste entre la matriz basada en hidrocarburos no convencionales y la agroindustrial santafesina.
Calvo remarcó que Santa Fe «tiene un rol central en la producción de biocombustibles junto al sector privado en el polo industrial del Gran Rosario» y que «el Estado debe acompañar y generar valor agregado a la producción primaria».
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La provincia alberga la mayor concentración de plantas de biodiésel de la Argentina, varias de ellas con capacidad exportadora, y ha sido históricamente el territorio donde la cadena de valor de los biocombustibles genera más empleo, inversión y desarrollo tecnológico.
El proyecto ya superó el primer filtro legislativo en el Senado. Ahora resta el tratamiento en la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde deberá pasar por comisión antes de llegar al recinto. Si obtiene sanción definitiva, la provincia contará con un marco ampliado que le permitirá posicionarse no solo como productora de biocombustibles, sino como promotora activa de su uso en sectores que hasta ahora permanecían fuera del alcance regulatorio provincial.


