En Bruselas, diciembre suele ser un mes de balances, pero en 2025 también fue un mes de decisiones de último minuto. El 17 de diciembre de 2025, cuando faltaban menos de dos semanas para que entrara en vigor una de las normas ambientales más exigentes del planeta, el Parlamento Europeo votó a favor de retrasar y simplificar el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR). La decisión despejó el último trámite legal y confirmó que, una vez más, el reloj verde europeo se volvería a ajustar.
El voto no fue un gesto aislado ni improvisado. Llegó después de un acuerdo político alcanzado el 4 de diciembre de 2025 entre el Parlamento y el Consejo Europeo, que abrió la puerta a una revisión puntual del reglamento. El objetivo declarado fue evitar que una ley diseñada para proteger los bosques terminara naufragando en su primer día de aplicación.
Qué es el EUDR y por qué importa tanto
El llamado EUDR —por sus siglas en inglés— no es una norma ambiental más. Adoptado formalmente en 2023, el reglamento busca cortar un vínculo histórico que Europa considera insostenible: el que conecta su consumo cotidiano con la deforestación en otras regiones del mundo. En términos simples, el EUDR establece que ningún producto vendido en el mercado europeo puede provenir de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 ni haber sido producido de manera ilegal según las leyes del país de origen.
Para lograrlo, la Unión Europea decidió ir más allá de las certificaciones voluntarias y crear una obligación legal. El reglamento alcanza a siete grandes commodities —soja, aceite de palma, madera, caucho, café, cacao y ganado bovino— que están en la base de innumerables cadenas agroindustriales globales. Desde una tableta de chocolate hasta un mueble, desde un café hasta un alimento balanceado, el EUDR atraviesa productos cotidianos que conectan bosques tropicales con góndolas europeas.
De la ambición normativa al problema de la implementación
El diseño del EUDR se apoya en un concepto técnico central: la diligencia debida. Cada operador que coloque por primera vez un producto en el mercado de la Unión Europea debe demostrar, con información verificable, que ese bien es libre de deforestación, legal y completamente trazable hasta su origen productivo. Esa información debe cargarse en un sistema informático común para toda la UE, gestionado por la Comisión Europea.
Ahí apareció el principal escollo. A medida que avanzó 2024 y luego 2025, quedó claro que la plataforma digital necesaria para procesar millones de datos provenientes de todo el mundo no estaba lista. Empresas, autoridades nacionales y países exportadores comenzaron a advertir que el sistema no soportaría el volumen ni la complejidad de la información exigida. Aplicar la norma sin esa infraestructura implicaba un riesgo real de caos administrativo y bloqueo comercial.
Un calendario que se fue corriendo
El cronograma original fijaba la entrada en vigor del reglamento para el 30 de diciembre de 2024, con un plazo adicional hasta junio de 2025 para pequeñas y microempresas. Esa fecha fue postergada una primera vez, trasladando el inicio al 30 de diciembre de 2025. La votación de diciembre de 2025 introduce ahora un segundo retraso, mucho más explícito.
Con el nuevo texto aprobado, las empresas medianas y grandes deberán cumplir con el EUDR a partir del 30 de diciembre de 2026. Las micro y pequeñas empresas, con una facturación inferior a 10 millones de euros en los productos afectados, tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2027. El mensaje político es claro: la norma no se abandona, pero se reconoce que necesita más tiempo para ser aplicable.
Menos trámites, sin tocar el objetivo ambiental
La revisión no se limita a mover fechas. También introduce ajustes operativos para reducir cargas administrativas. Uno de los cambios más relevantes es que cada producto solo deberá contar con una única declaración de diligencia debida, presentada cuando ingresa por primera vez al mercado europeo. Los operadores posteriores en la cadena ya no deberán generar nuevas declaraciones, sino referenciar la original.
Para los pequeños productores primarios, el reglamento contempla además una diligencia debida simplificada, una concesión clave para evitar que la norma termine expulsándolos del mercado europeo por falta de capacidad administrativa o tecnológica.
Presiones externas y advertencias internas
El EUDR se convirtió en un tema diplomático. Países exportadores como Brasil, Indonesia y Estados Unidos advirtieron que los costos de cumplimiento podrían afectar sus exportaciones hacia Europa. Al mismo tiempo, grandes compañías del sector alimentario y agroindustrial europeo reclamaron lo contrario: que nuevas demoras debilitan la credibilidad ambiental del bloque.
Empresas como Nestlé, Ferrero y Olam Agri alertaron que seguir postergando la norma pone en riesgo los bosques que el reglamento busca proteger y envía señales contradictorias en plena crisis climática.
Una pausa técnica, no un cambio de rumbo
Tras la votación del Parlamento, la eurodiputada alemana Christine Schneider, responsable del expediente, fue enfática al defender el equilibrio alcanzado. Señaló que el corazón del reglamento permanece intacto y que el retraso apunta a garantizar una aplicación práctica y operativa, sin imponer obligaciones innecesarias donde el riesgo de deforestación es bajo.
El texto aprobado fija además un nuevo hito: antes del 30 de abril de 2026, la Comisión Europea deberá presentar una revisión de simplificación que evalúe el impacto del EUDR, especialmente sobre micro y pequeñas empresas, y proponga ajustes adicionales si fueran necesarios.
El desafío que queda en pie
El nuevo retraso confirma una realidad incómoda. Regular la deforestación importada no es solo una cuestión de voluntad política, sino de capacidad técnica, coordinación global y tiempos realistas. Europa decidió frenar a último momento para evitar que su ley más ambiciosa chocara contra sus propias limitaciones.
El calendario volvió a correrse. La ambición, al menos en el papel, sigue intacta. La verdadera prueba será si este tiempo extra alcanza para que el EUDR deje de ser una promesa normativa y se convierta, finalmente, en una herramienta capaz de cambiar cómo y de dónde provienen los productos que consume Europa.
