En noviembre de 2020, mientras el país discutía a nivel nacional una ley de biocombustibles que terminaría recortando su consumo, la Legislatura de Córdoba aprobaba la suya propia: la Ley Provincial N° 10.721, de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía. La norma estableció la migración obligatoria de toda la flota pública a mezclas con mayor contenido biológico, introdujo cláusulas en los pliegos de obra pública que otorgan ventaja competitiva a quienes acrediten uso de biocombustibles, y creó un régimen de incentivos fiscales para el sector. Desde entonces, los vehículos del Estado provincial funcionan con B20 —gasoil con un 20 % de biodiesel— y E17 —nafta con un 17 % de bioetanol de maíz—, formulaciones diseñadas en la propia provincia. En diciembre de 2024, Córdoba inauguró la primera estación de servicio del país que expende esas mezclas al público general.
Esa política tiene detrás un entramado productivo que ahora recibe reconocimiento internacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) —el organismo de Naciones Unidas encargado de promover el desarrollo económico y social de la región— anunció los resultados de su Programa de Impulso a la Bioeconomía y la Economía Circular en Iniciativas de Articulación Productiva. De las 98 postulaciones recibidas desde América del Sur, seleccionó siete. El Clúster de Bioenergías de Córdoba es la única iniciativa argentina entre ellas.
El clúster: quiénes lo integran y qué hace
El Clúster de Bioenergías es una iniciativa público-privada impulsada por la Agencia de Competitividad de Córdoba —organismo provincial de articulación productiva— dentro de su programa Córdoba Clúster. Reúne a un grupo creciente de empresas vinculadas a la producción de bioetanol, biodiesel, biogás, biomasa, captura de CO₂ industrial y gestión de residuos orgánicos, entre las que se encuentran: ACA Bio, el Grupo Bio4, Promaíz, Porta Hnos, Las Chilcas, Prodeman, ENRECO, 3C Biogas, TIGONBU, Arbio, Maniagro Argentina y Gas Carbonico Chiantore. Está gestionado por Hugo Dellavedova y ya tiene en marcha un estudio tecno-económico sobre la viabilidad del eMethanol y el bioMethanol en la provincia.
Córdoba concentra el 52 % de la producción nacional de bioetanol. Tres de las principales destilerías del país operan en su territorio: ACA Bio —cooperativa de segundo grado que agrupa a más de 50.000 productores de nueve provincias— en Villa María; Bio4 —fundada por 25 productores agropecuarios— en Río Cuarto; y Promaíz en Alejandro Roca. Porta Hnos, en la capital provincial, produce alcohol destinado principalmente a la industria medicinal, alimenticia y cosmética. Las Chilcas, empresa agropecuaria familiar del norte cordobés, opera dentro de su establecimiento agropecuario una destilería de bioetanol de maíz y una planta de biodiesel para autoconsumo bajo el programa provincial BIOCBA.
El encadenamiento que se da alrededor de estas plantas va más allá del combustible. Bioeléctrica convierte las vinazas de la producción de etanol y otras corrientes residuales en energía eléctrica. En General Cabrera y Ticino, las centrales térmicas de Prodeman Bioenergía y Biomasa Ticino generan electricidad a partir de cáscara de maní —un residuo abundante en una provincia que concentra el 75 % de la producción nacional de ese cultivo— y abastecen entre ambas a unos 20.000 hogares. Arbio gestiona residuos orgánicos industriales y los transforma en biogás mediante digestión anaeróbica. Gas Carbonico Chiantore captura y comercializa el CO₂ biogénico que se libera durante la fermentación del etanol, un insumo que la industria alimentaria, la medicina y la logística en frío utilizan a diario. Completan el clúster empresas de ingeniería y tecnología de bioenergías, instituciones de investigación y desarrollo, y think tanks.
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Una política provincial que sostiene al clúster
La Ley 10.721 creó una Dirección Provincial de Biocombustibles y Bioenergías —a cargo de Mariano Santillán— como autoridad de aplicación. A partir de esa norma, Córdoba desplegó un conjunto de instrumentos que van del expendio al registro ambiental.
El Plan Director de Migración de Flota Pública ya opera con tres puntos de abastecimiento —los llamados Puntos Bio— y prevé expandirse a diez en el territorio provincial. La inclusión en todos los pliegos de contratación de bienes, servicios y obra pública cláusulas que puntúen favorablemente a los oferentes que usen biocombustibles o provean biomateriales genera un piso de demanda que dinamiza al sector.
En el plano ambiental, el Registro de Huella de Carbono —primer inventario provincial de emisiones de gases de efecto invernadero, gestionado por la Secretaría de Cambio Climático— permite a empresas y proyectos inscribirse voluntariamente para calcular, reducir y compensar sus emisiones. El Plan BIOCO₂ fijó una meta de 1,9 millones de toneladas de CO₂ equivalente de reducción acumulada hacia 2030 e incorpora tokenización para la trazabilidad ambiental de biocombustibles y bioproductos. Y el programa BIOCBA promueve la autoproducción y autoconsumo de biodiesel B100 en el ámbito rural, con un sello de calidad propio.
La provincia también usó el automovilismo como plataforma de demostración. El Rally Cordobés fue la primera categoría del país en competir con bioetanol —al 17 %, luego al 51 %— y el TC2000 se convirtió en la primera categoría nacional que corre íntegramente con biocombustible. En mayo de 2026, Córdoba firmó una carta de intención para instalar la primera planta de biocombustibles de segunda generación del país, con la empresa PowerBio en el Parque Industrial de Villa María: una inversión público-privada cercana a los 935.000 dólares para producir combustible a partir de residuos.
Qué ofrece el programa de la CEPAL y quién lo financia
Las convocatorias de la CEPAL fueron lanzadas el 10 de abril para América Latina y el Caribe, y el 9 de junio para los Arreglos Productivos Locales (APL) de Brasil. En total, la CEPAL recibió 137 postulaciones: 98 de la convocatoria regional y 39 de APL brasileños.
El programa se enmarca en el proyecto “Promoviendo la Economía Circular en América Latina y el Caribe” (2024-2026), ejecutado por la CEPAL junto con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) —la agencia de cooperación técnica del gobierno alemán— y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), dentro de la Alianza Estratégica CEPAL-BMZ/GIZ.
Las iniciativas seleccionadas trabajarán con especialistas de la CEPAL en bioeconomía y estrategias colaborativas para formular un plan de acción concreto que fortalezca su oferta de valor. En el caso de las iniciativas avanzadas —como la cordobesa—, el programa apunta a robustecer los esquemas de gobernanza y las estrategias colectivas del clúster frente a los desafíos que enfrenta para escalar. Cada seleccionado queda además integrado a la Plataforma de Iniciativas Clúster de la CEPAL, la red regional que el organismo utiliza para articular proyectos colaborativos entre territorios, canalizar cooperación internacional y alimentar sus recomendaciones de política pública a los gobiernos de América Latina.
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Los otros clústers seleccionados
Las siete elegidas son la Iniciativa Clúster de Arroz Sostenible de Casanare (Colombia), el Clúster de Cafés Especiales del Quindío (Colombia), el Clúster de Bioenergías de Córdoba (Argentina), Symbío: el Valle de los Bionegocios (Colombia), CircularLab de PerfrutS-AgroQuinta (Chile), el Clúster de Cacaos Especiales del Tolima (Colombia) y el Clúster de Ingredientes Naturales del Putumayo (Colombia).
Entre los APL brasileños, fueron seleccionados el APL Polo da Rota do Cacau da Transamazônica (Pará), el APL Núcleo do Pequi (Minas Gerais), el APL Polo da Rota do Açaí do Nordeste Paraense (Pará) y el APL Metalmecánico e Automotivo MMeA (Rio Grande do Sul).
