El 8 de julio, en Estrasburgo, la industria argentina del biodiésel consiguió una victoria que cuatro meses atrás parecía difícil de imaginar. El pleno del Parlamento Europeo frenó la norma que amenazaba con dejar al aceite de soja fuera de las metas de energía renovable de la Unión Europea y, con ello, cerrar progresivamente el principal mercado externo del biodiésel nacional.
El resultado quedó reflejado en el tablero de la sesión: 388 votos a favor de la objeción, 248 en contra y 24 abstenciones. El número decisivo es el primero. Para bloquear un acto delegado no alcanza con reunir a la mayoría de los presentes: se necesita la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, al menos 361 eurodiputados. Con 388 votos, la objeción superó con holgura ese umbral y el rechazo quedó firme.
Conviene detenerse en qué se votó, porque el procedimiento europeo no es intuitivo. En abril, la Comisión Europea había adoptado el acto delegado 2026/2680, que modificaba el Reglamento 2019/807 sobre las materias primas utilizadas para producir biocombustibles. La nueva norma clasificaba al aceite de soja como de alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo —ILUC, por sus siglas en inglés— y lo excluía como materia prima elegible dentro de ese régimen.
Los actos delegados entran en vigor de manera automática salvo que, dentro del período de escrutinio, el Parlamento Europeo o el Consejo formulen una objeción. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El Parlamento no “aprobó” una nueva norma ni concedió una autorización especial a la soja: ejerció su derecho a objetar y, al hacerlo, impidió que la modificación entrara en vigor. En consecuencia, el aceite de soja no queda clasificado como de alto riesgo y regresa a la situación regulatoria previa, bajo el tratamiento general previsto para las materias primas derivadas de cultivos convencionales.
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Una victoria con impacto directo para la Argentina
Para la Argentina, el alivio es inmediato y de gran magnitud. El mercado europeo es prácticamente el único destino externo del biodiésel de soja nacional. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, entre 2018 y 2025 concentró el 97 % de las exportaciones del producto y, solo en 2025, recibió el 100 %.
Ese último año, la Argentina colocó en Europa unas 280.000 toneladas de biodiésel por alrededor de 350 millones de dólares, a las que se sumaron otras 45.000 toneladas de aceite de soja para uso industrial por aproximadamente 50 millones. De haber prosperado la clasificación propuesta por la Comisión, ese negocio habría quedado encaminado hacia su cierre en 2030, cuando el aceite de soja dejara de computar para las cuotas de energía renovable que sostienen buena parte de la demanda de las petroleras europeas.
El titular de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, celebró el resultado como “una gran noticia” y lo atribuyó a una gestión público-privada sostenida durante los últimos cuatro meses junto con la Cancillería, la embajada argentina ante la Unión Europea y parlamentarios europeos.
El dirigente afirmó que la votación permitió “remover la condición de soja de alto riesgo”, una clasificación que —sostuvo— dejaba a la oleaginosa fuera de los biocombustibles europeos “para siempre”. La expresión refleja la magnitud que el sector atribuye al resultado. En términos estrictamente regulatorios, sin embargo, conviene introducir un matiz: lo que el Parlamento frenó fue esta versión de la norma. No existe todavía una habilitación definitiva, pero tampoco la exclusión que hasta hace unas horas parecía encaminada.
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Del rechazo a una negociación en mejores condiciones
La votación no cierra el expediente. Lo reabre, pero en condiciones muy diferentes. Al caerse el acto delegado, la Comisión Europea deberá volver a redactar la norma teniendo en cuenta la objeción del Parlamento, y es en esa reescritura donde se definirá si la buena noticia se transforma en un beneficio concreto y duradero o se queda en un alivio pasajero. La diferencia respecto de otras discusiones es que, esta vez, la Argentina llega con una posición de fuerza inédita y con aliados que hasta hace pocos años parecían improbables: una parte importante de la propia cadena agroindustrial europea.
Organizaciones como el European Biodiesel Board, FEDIOL, COPA-COGECA, FEFAC, COCERAL, Euroseeds y Donau Soja —varias de ellas pertenecientes a sectores que una década atrás reclamaban medidas contra las importaciones de biodiésel argentino— habían pedido al Parlamento que rechazara la clasificación del aceite de soja como de alto riesgo. Las entidades advirtieron a los legisladores que excluir al aceite de soja como materia prima elegible para biocombustibles debilitaría la producción regional de proteína vegetal, afectaría a las plantas de molienda y aumentaría la dependencia europea de harina importada. Esa convergencia de intereses fue decisiva para construir la mayoría parlamentaria que finalmente terminó favoreciendo también a la Argentina.
El nudo de la discusión: medir el riesgo según el origen
Lo que la industria argentina buscará en la nueva redacción es concreto. En primer lugar, un enfoque por origen.
Para la normativa Europea, la clasificación de alto riesgo ILUC se activa a partir de variables globales. Esto es, que la expansión anual promedio del área mundial del cultivo supere ciertos umbrales y que una parte relevante de esa expansión ocurra sobre tierras de alto stock de carbono. La Comisión toma así al cultivo de soja como un agregado planetario y aplica ese resultado único a todo el aceite por igual, sin distinguir de dónde proviene. Ahí se concentra el principal cuestionamiento argentino. El sector sostiene que la superficie sembrada con soja en el país no se expande, sino que retrocede desde hace más de una década. Bajo esa lógica, donde no existe expansión del cultivo tampoco debería presumirse el desplazamiento indirecto de otros usos agrícolas hacia tierras de alto stock de carbono, que es precisamente el fenómeno que el concepto de ILUC busca capturar.
El contraargumento europeo, que la nueva norma tendrá que sortear, es que el mercado de la soja es global y fungible: aunque la superficie argentina no crezca, su aceite se incorpora a un mercado mundial cuya expansión sí ocurre en otras regiones. Por eso la trazabilidad y la certificación se vuelven la llave del asunto: son la forma de demostrar que una partida concreta de aceite no proviene de esa expansión. De ahí el segundo pedido argentino, un esquema de certificación de bajo ILUC que resulte aplicable en la práctica. Esa vía ya existe sobre el papel, pero la propia industria europea la considera impracticable por lo compleja y costosa. Volverla realista forma parte de la agenda que se discutirá.
Una discusión abierta, pero en un escenario más favorable
Sería un error leer la reescritura como un trámite ya ganado. La Comisión conserva su margen técnico: la objeción la obliga a reelaborar el enfoque, pero no le dicta un articulado. Y hay fuerzas empujando en sentido contrario. Los 248 votos en contra de la objeción corresponden en buena medida al bloque ambiental —verdes y sectores afines, respaldados por organizaciones como Transport & Environment y el ICCT—, que cuestiona el uso energético de los cultivos y sostiene que el biodiésel de soja genera más emisiones que el diésel fósil una vez computado ILUC. Perdieron esta votación, pero volverán a dar la discusión cuando se redacte la nueva norma.
A eso se suma un condicionante que la Comisión no puede ignorar y que vuelve la reescritura más delicada. Hasta este año, el aceite de palma era el único que la Unión Europea había clasificado como de alto riesgo ILUC y excluido de sus metas de energía renovable. La decisión, adoptada en 2019, derivó en una disputa con Indonesia y Malasia, los principales productores mundiales, que llevaron el caso ante la Organización Mundial del Comercio por considerar que Europa discriminaba su producto. La resolución de la OMC convalidó en lo esencial la posibilidad de adoptar medidas destinadas a proteger tierras de alto valor ambiental, pero señaló problemas en la forma de aplicación: la Unión Europea utilizaba datos desactualizados y no trataba de manera consistente a los distintos cultivos.
Para responder a esa observación, la Comisión actualizó sus cálculos en enero de este año. Y al aplicar el criterio de manera homogénea surgió un segundo aceite por encima del umbral: el de soja. Es decir, incorporar al aceite de soja fue, en buena medida, la respuesta de la UE a la OMC para quedar cubierta. El comisario de Energía de la Comisión Europea, Dan Jørgensen, había advertido a los eurodiputados antes de la votación que quitar al aceite de soja y dejar solo al de palma expone a Europa a un nuevo reclamo comercial, al volver a tratar distinto a dos cultivos que sus propios datos ubican en el mismo nivel de riesgo.
Por eso, el desenlace más probable no parece ser una habilitación lisa y llana de toda la soja, sino la búsqueda de un esquema capaz de distinguir, mediante origen, trazabilidad y certificación robusta, entre cadenas con desempeños ambientales diferentes.
Y es precisamente en ese terreno donde la posición argentina tiene más para ganar.
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Bruselas, la próxima escala
La próxima escala es Bruselas. Idígoras anticipó que el 16 de julio estará en la capital europea para discutir con las autoridades comunitarias la nueva etapa regulatoria y avanzar en una propuesta que mantenga a la soja como materia prima sustentable para biocombustibles. La reunión cambió de signo respecto de lo que era hace apenas unas semanas: ya no se trata de evitar una clasificación, sino de incidir en cómo se escribe la que viene.
El rechazo del 8 de julio, en definitiva, no resuelve la historia: la reposiciona. Le devuelve a la Argentina el acceso a un mercado que tenía casi cerrado y, sobre todo, le da margen para pelear una redacción que reconozca la sustentabilidad de su cadena. Convertir ese respaldo político en una norma que habilite el biodiésel argentino de soja para los próximos años —y, con él, mantener abierta su proyección hacia los mercados emergentes de la próxima ola de biocombustibles — es el trabajo que recién empieza.
