Buena parte de los cerdos y las aves que sostienen la producción ganadera europea se alimenta con harina de soja llegada desde América. Puede haber salido de Rosario, de Paranaguá o de un puerto estadounidense, pero difícilmente haya nacido en un campo europeo.
La dependencia permanece oculta detrás de un sistema agropecuario que, observado en conjunto, parece extraordinariamente sólido. La ganadería y los cultivos destinados a alimentarla representan el 59% del valor de la producción agrícola de la Unión Europea. El bloque exporta unos 55.000 millones de euros anuales en productos de origen animal y obtiene de ese comercio un superávit cercano a los 39.000 millones.
Europa también produce internamente la mayor parte de la proteína que consume su ganadería. De los 74 millones de toneladas utilizadas cada año como alimento animal, apenas el 15% proviene del exterior.
Pero ese promedio esconde una curiosidad.
La Unión Europea produce abundantes pasturas, forrajes y cereales, que aportan grandes volúmenes de proteína de baja o mediana concentración. La situación cambia cuando se observan los ingredientes con más de 30% de contenido proteico, indispensables para los sistemas intensivos de producción porcina y avícola. En ese segmento, el 74% se importa. En el caso específico de la soja, la dependencia externa alcanza el 94%.
Ahí aparece la Argentina. La harina de soja constituye el principal producto individual de exportación del país y la Unión Europea explica una de cada tres toneladas despachadas. La relación no es marginal: el mayor mercado para la proteína animal europea depende, en una proporción considerable, de la capacidad sudamericana para producir y procesar oleaginosas.
El 7 de julio, la Comisión Europea presentó un plan para comenzar a reducir esa vulnerabilidad. Pero el documento contiene una conclusión que excede ampliamente al comercio de harina: para producir más proteínas, Europa considera necesario preservar y ampliar el uso energético de los aceites vegetales.
En otras palabras, el bloque que hace una década limitó los biocombustibles agrícolas porque supuestamente competían con los alimentos ahora reconoce que los necesita para producirlos.
Una meta moderada que fija una dirección
El Plan de Acción para la Resiliencia, la Autonomía Estratégica y la Sostenibilidad del Sistema Proteico de la Unión Europea fue presentado junto con la primera Estrategia Europea para la Ganadería.
Su objetivo más visible se resume en la fórmula ’35 by 35′. En 2025, apenas el 25,8% de las proteínas provenientes de oleaginosas y cultivos proteicos utilizadas en la alimentación animal europea había sido producido dentro del bloque. La Comisión pretende elevar esa participación al 35% en 2035.
Son poco más de nueve puntos porcentuales en diez años. El propio documento reconoce, además, que la sustitución será difícil.
Los cultivos con mayor concentración proteica suelen rendir menos por hectárea que los cereales. Reemplazar las harinas importadas por ingredientes locales de menor contenido proteico demandaría una superficie considerable. El arancel cero para el poroto y la harina de soja continuará vigente, los acuerdos comerciales seguirán formando parte de la estrategia y la Comisión admite que Europa continuará necesitando importaciones.
El plan, por lo tanto, no anuncia el cierre del mercado europeo ni una sustitución inmediata de la harina argentina. Su importancia está en otro lugar: convierte la dependencia proteica en un problema de seguridad económica y geopolítica. Y para avanzar en esa dirección, el plan propone utilizar herramientas de la Política Agrícola Común posterior a 2027, respaldar la transición de los productores hacia cultivos proteicos, financiar inversiones en almacenamiento y procesamiento y fortalecer la demanda de productos europeos.
Sin embargo, el punto más relevante no está en los subsidios agrícolas ni en la superficie sembrada. Está en la manera en que la Comisión comienza a mirar el procesamiento de las oleaginosas.
El grano no tiene un solo destino
Durante años, una parte importante del debate europeo sobre biocombustibles se apoyó en una imagen sencilla: un cultivo que ingresa en el tanque de combustible es un alimento que desaparece de la mesa o del comedero.
Esa representación omite lo que ocurre dentro de una planta de procesamiento. Cuando se muele soja, colza o girasol, el grano no se transforma íntegramente en combustible. La operación separa dos grandes corrientes. Por un lado, se obtiene aceite, que puede destinarse a la alimentación, a distintos usos industriales o a la producción de biodiésel y otros combustibles renovables. Por el otro, queda una harina concentrada en proteína, utilizada principalmente para alimentar animales.
El aceite y la harina sostienen conjuntamente la economía del procesamiento. Para que exista una oferta abundante de harina es necesario que la oleaginosa sea producida, trasladada y molida, y que las distintas fracciones obtenidas encuentren mercados capaces de valorarlas.
El nuevo plan europeo coloca esa relación en el centro de su estrategia.
De acuerdo con la Comisión, los coproductos del procesamiento de cultivos aportan el 34% de toda la proteína consumida por la ganadería europea. Más significativo aún: las harinas de soja, colza y girasol obtenidas en procesos en los que el aceite se destinó a la producción energética representan el 47,2% de todas las harinas oleaginosas disponibles en la Unión Europea.
Casi la mitad de esas proteínas está vinculada, por lo tanto, con un mercado energético para los aceites.
Esa conclusión aparece expresamente en el documento. La Comisión advierte que reducir la dependencia de harinas importadas exige preservar las aplicaciones industriales y energéticas de las oleaginosas, debido a que constituyen la principal fuente doméstica de proteína concentrada de alta calidad.
También anticipa que, durante la revisión del marco europeo de energías renovables posterior a 2030, analizará cómo aumentar la producción local de biocombustibles sostenibles, cultivos proteicos y materias primas asociadas.
El razonamiento es directo: ampliar el mercado energético del aceite puede sostener una mayor producción y molienda de oleaginosas y, junto con ellas, una mayor disponibilidad de harina para alimentar animales.
Diez años después del límite europeo
El reconocimiento representa un giro importante respecto de la política que Europa comenzó a consolidar en 2015.
Ese año, la Directiva 2015/1513, conocida como Directiva ILUC, limitó al 7% la contribución de los biocombustibles convencionales —elaborados a partir de cereales, azúcares y oleaginosas— al cumplimiento de las metas europeas de energías renovables en el transporte.
La medida no prohibió su utilización física por encima de ese porcentaje, pero estableció un techo a su reconocimiento dentro de los objetivos regulatorios. Los Estados miembros quedaron incluso habilitados para adoptar límites inferiores. El resultado fue una fuerte restricción a las perspectivas de crecimiento de una industria que necesitaba señales de largo plazo para invertir.
El argumento central sostenía que los biocombustibles producidos a partir de cultivos alimentarios podían provocar cambios indirectos en el uso de la tierra y competir con la producción de alimentos. A partir de esa premisa, la política europea privilegió los combustibles elaborados con residuos, desechos y materias primas consideradas avanzadas, mientras relegaba a los convencionales bajo una narrativa que los presentaba como una amenaza para la seguridad alimentaria.
En 2017, Marie Donnelly, entonces directora de Energías Renovables, Investigación, Innovación y Eficiencia Energética de la Comisión Europea, expuso con inusual franqueza hasta qué punto esa política atendía objeciones de carácter ideológico, más que a hechos o fundamentos científicos: ‘No podemos ser simplemente guiados por modelos económicos y teorías científicas; tenemos que ser muy sensibles a las preocupaciones de los ciudadanos, incluso si estas preocupaciones son más emotivas que basadas en hechos o científicas’.
La frase resulta especialmente reveladora porque muestra que Europa aceptó limitar el desarrollo de los biocombustibles convencionales aun cuando parte del rechazo que pesaba sobre ellos respondía, según admitía la propia Comisión, más a una reacción emocional que a evidencia comprobada.
Una década más tarde, el nuevo plan incorpora al análisis aquello que aquella narrativa había dejado afuera. Cuando se procesa una oleaginosa para obtener aceite, el resto del grano no desaparece del sistema alimentario: se transforma en harina proteica para alimentar animales. Y cuando el aceite encuentra un mercado energético, también contribuye a sostener esa molienda.
Europa no eliminó todavía los límites regulatorios ni rehabilitó plenamente a los biocombustibles convencionales. Pero comenzó a revisar el diagnóstico que justificó su estancamiento. Ya no los observa solamente como una amenaza potencial para la seguridad alimentaria, sino también como una herramienta para fortalecerla.
La Argentina tomó el camino contrario
Entre San Lorenzo y Timbúes se concentra el mayor complejo de procesamiento de oleaginosas del mundo. Allí la soja se muele, el aceite se destina a los mercados alimentarios, industriales o energéticos y la harina se exporta para alimentar animales en Europa, Asia y otros destinos.
Durante años, la Argentina desarrolló, además, una industria de biodiésel estrechamente vinculada con ese complejo. A las grandes plantas exportadoras se sumaron empresas de menor escala y capitales nacionales orientados al mercado interno. El rápido crecimiento del sector permitió ampliar la demanda doméstica mediante mandatos crecientes, ofrecer una salida adicional al aceite de soja y reducir, al mismo tiempo, la dependencia externa de combustibles. El país articulaba así producción agrícola, procesamiento industrial, energía renovable, sustitución de gasoil importado y exportaciones de harina.
Ese camino se interrumpió en 2021.
La Ley 27.640 redujo del 10% al 5% el corte obligatorio de biodiésel con gasoil y otorgó a la autoridad de aplicación amplias facultades para modificar porcentajes, cupos, asignaciones y precios. Aunque posteriormente se dispusieron incrementos sobre ese piso, el país no recuperó una senda previsible de crecimiento.
La Argentina no adoptó simplemente una reducción transitoria. Abandonó una política expansiva y la reemplazó por un mercado limitado, administrado y sometido a decisiones de corto plazo.
Cinco años después, Europa comienza a mirar su problema proteico desde una perspectiva que la Argentina conoce de sobra: para producir harina no alcanza con sembrar oleaginosas. También hay que procesarlas y encontrar un mercado para el aceite que surge de esa molienda.
La paradoja es que el país cuyo principal producto de exportación es la harina de soja, que concentra el mayor complejo de crushing del mundo y todavía depende del gasoil importado, decidió reducir justamente ese mercado. Lo que Europa empieza a incorporar como política industrial es la misma integración que la Argentina construyó durante años y y decidió frenar en 2021.
